Según anticipó Página 12, la empresa ganó licitaciones con el gobierno nacional y porteños pero no prestaron ningún servicio. Además, de los tres dueños, uno fue director de Nación Fideicomisos, otro trabaja en el Ministerio de Justicia, mientras que el tercero, comparte campos con el presidente Mauricio Macri en Salta.
Al respecto, la dirigente exigió que se investigue tanto a los dueños de la consultora como a los funcionarios que debían controlar las licitaciones.
A través de una investigación que llevó a cabo la dirigente, expuso que el Ejecutivo gastó entre 2016 y 2017 más de $174 millones en consultoras. De los 24 casos que analizó, 13 correspondían al Ministerio de Modernización, que conduce Andrés Ibarra.
En la denuncia penal, la abogada pone como ejemplo una licitación de Modernización, a la que se suman también contrataciones del Gobierno de la Ciudad. La destinataria es una consultora llamada Labcom que es una consultora “compuesta por tres funcionarios públicos del actual gobierno que ganan licitaciones sin empleados ni otros ingresos que los contratos con el Estado”,
Según detalla la denuncia, los tres socios de Labcom serían Juan Pablo Peredo, Luciano Hernán Elizalde Acevedo y Alejandro Luciano Alonso y “eran funcionarios públicos al momento de la contratación”.
En el expediente, además, Stolbizer cita los registros contables de la empresa, que no tienen ni salarios ni cargas sociales: “En el año 2016 surgen ingresos por servicios prestados y alquileres por 4.641.036 pesos y durante el año 2017, 2.315.876”, indica.
Y señaló que la empresa se constituyó en febrero de 2012 pero recién se inscribió como proveedor el 12 de agosto de 2016, poco antes de ganar una licitación de Modernización por “un servicio de consultoría en relación al seguimiento de evolución de proyectos centrales” . En tanto, en noviembre se le adjudicó el contrato por 1 millón 206 mil pesos.
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