Según adelantó el canal de noticias C5N y tal como anticipó Ámbito, Di Lello dio curso a la pesquisa y abrió la investigación, con la imputación de Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y los tres espías, tras el hallazgo en una computadora de la AFI de un listado de correos electrónicos interceptados. Durante la gestión de Macri, Arribas fue el director de la Agencia de espionaje y Majdalani la número 2.
En el listado de 80 personas presuntamente espiadas figuran ex funcionarios y legisladores macristas y opositores.
Marcelo Tinelli sería una de las víctimas. “Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse”, señaló el conductor en sus redes. Ya aparecieron documentos que prueban sus dichos.
Fuentes judiciales revelaron que ahora se inicia un largo camino de recolección de pruebas. El requerimiento de Di Lello sobre la denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño es eminentemente técnico, y con un amplio abanico de pruebas a pedir para intentar hurgar no sólo en el listado de mails “pinchados”, sino en la cadena de contrataciones de la AFI durante la gestión Arribas.
Expertos deberán peritar los correos electrónicos presuntamente “pinchados” y se deberá avanzar con pericias informáticas a la computadora supuestamente utilizada para el espionaje. Pero además, Di Lello tendría previsto recibir declaraciones testimoniales de todos los que hayan tenido contacto con la máquina, que fue hallada en la AFI. En esa computadora quedaron rastros que halló Caamaño, incluidos los del cuñado de Majdalani, Darío Biorci. La interventora de la AFI había pedido también la indagatoria a los tres principales acusados.
Caamaño aludió en su denuncia inicial a delitos vinculados a la "producción de inteligencia ilegal" en los términos de los artículos 4 y 43 de la Ley de Inteligencia Nacional durante la gestión en la AFI de su antecesor Arribas. En la denuncia se alude a presunto espionaje ilegal que se habría iniciado desde al menos el 2 de junio de 2016 sobre correos electrónicos privados de al menos 80 damnificados.
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