Se lo recuerda por su imagen en el traspaso de los atributos presidenciales a Raúl Alfonsín, pero antes de ello intentó lograr impunidad para él y sus secuaces cuando dictó los decretos que ordenaron la supuesta destrucción de los archivos de la represión de Estado y el otro de "amnistía" y "pacificación nacional". Con el advenimiento de la democracia fue juzgado y condenado a prisión perpetua por allanamientos ilegales, secuestros, torturas y homicidios, todos delitos de lesa humanidad a los que le sumó el saqueo de las pertenencias de sus víctimas.
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