A través de las resoluciones conjuntas 69 y 72 de 2019 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, a los organismos descentralizados están obligados a entregarle al Tesoro Nacional sus “excedentes de liquidez” y obtener Letras en su lugar. Desde su publicación el 23 de octubre, el ministerio bajo la órbita de Hernán Lacunza le sacó fondos al FGS en tres ocasiones.
La primera toma de deuda del Fondo la realizó antes de la publicación de los decretos en el Boletín Oficial, el 16 de septiembre. En aquella ocasión le arrebató $ 35.000 millones y U$S 275 millones, a cambio de bonos con vencimiento el 13 de marzo de 2020. Esto equivalió a una quita de $ 52.000 millones de sus cuentas bancarias.
En la segunda ocasión les entregó dos Letras, por $ 12.000 millones y por U$S 57,1 millones. Las colocadas el 8 de octubre vencen ambas el 1 de abril de 2020. Totalizó esta operación una transferencia de $ 15.700 millones.
Por último, el 5 de noviembre emitió un bono por $ 4.000 millones y otro por U$S 120 millones. La primera de estas letras precancelables tiene duración hasta el 30 de abril del año próximo y la segunda hasta el 17 de abril. Este giro significó el uso de $ 11.800 millones.
Toda esta deuda intra estatal desfinancia al FGS y pone en riesgo la sustentabilidad del régimen jubilatorio. El Fondo fue creado en 2008 justamente como un colchón monetario anti cíclico que defienda al sistema solidario cuando las jubilaciones pagadas superan los ingresos. La decisión política de Lacunza le quita cintura para inversiones inteligentes a un organismo que, en la misma línea, la conducción de Cambiemos le hizo perder el 50% de su patrimonio en cuatro años.
La otrora opulenta cartera contaba con U$S 64.000 millones en octubre de 2015, de acuerdo a las planillas oficiales. Para agosto de este año le habían licuado la mitad, al punto de que sólo quedaban U$S 31.900 millones, en base a información interna aún no oficializada por la entidad.
El despilfarro de estos activos fue consecuencias de las decisiones tomadas por el director ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, y los tres titulares que tuvo el FGS: Luis María Blaquier, Juan Monge Varela y el actual Alejo Maxit. Se debieron a una mezcla de malas inversiones, uso partidario del dinero y negociados investigados por la Justicia.
Como había ya planteado este medio en 2017, el Gobierno tenía la intención de debilitar al sistema de reparto para instalar como alternativa la capitalización individual, por eso desarmó el FGS al 50% de su valor. Si bien Cambiemos tomó medidas en esa línea, como la eliminación de la moratoria jubilatoria, la creación de la pensión universal para adulto mayor (que paga el 80% de la jubilación mínima) y el recorte de los haberes, no le dieron los años para el paso final.
Los DNU del Ministerio de Hacienda proponen maquillar las cuentas públicas a costa de quitarle al Fondo el resto de maniobrabilidad que le quedaba y ponerlo en jaque. Por esto, la Justicia investiga su constitucionalidad, a pedido del abogado previsionalista Christian D’Alessandro.
El juzgado 1 de la seguridad social, a cargo de Karina Candis, analiza la legalidad del decreto que habilitó el vaciamiento de los organismos descentralizados en general, y del administrado por ANSES en particular. El letrado requirió que la magistrada frene la descapitalización del FGS y limite la discrecionalidad con la cual lo maneja el Ejecutivo, de forma de poder garantizar el pago de las futuras jubilaciones.
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