Según pudo reconstruir El Destape, al menos 21 magistrados fueron víctimas de actividades de inteligencia ilegal por parte del Gobierno, ejecutada desde distintos organismos públicos. A Maqueda e Irurzun hay que agregar a los espiados a buena parte de Comodoro Py, lista que incluye a la jueza de la Cámara de Casación Ana Figueroa, al camarista Mariano Llorens y a los jueces de primera instancia Luis Rodríguez, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, María Eugenia Capuchetti, María Romilda Servini y al propio Canicoba Corral. Éste último, como está a cargo de la investigación, separó su caso del resto y lo mandó a sorteo. Le tocó a la “Chuchi” Servini de Cubría. A ellos se suman jueces de tribunales que están a cargo de juicios de alto impacto, como Sabrina Namer, Nicolás Toselli, María Gabriela López Iñíguez, Ángel Gabriel Nardiello, Sergio Adrian Paduczak, Javier Feliciano Ríos y José Martinez Sobrino. Y la lista sigue con jueces del fuero penal económico como Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola y Claudio Gutiérrez de la Cárcova.
El denominador común, según documentos y fuentes que hablaron con El Destape, fueron consultas a la Dirección Nacional de Migraciones desde distintos usuarios en varios organismos públicos. Pero la clave es saber qué estaba investigando cada uno de los organismos involucrados, que son el Ministerio de Seguridad, la AFIP, la Policía Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería, la Procuración General de la Nación, Prefectura, la Policía de la Ciudad, y dependencias de la Corte Suprema. Excepto estas dos últimas, todos tienen como terminal el Poder Ejecutivo, principalmente a Patricia Bullrich y al titular de la UIF Mariano Federici. Todas estas dependencias quedaron en la mira de la investigación del juez Canicoba Corral y el fiscal González. El juez les pidió a todas que le comuniquen “en el marco de qué investigación y con intervención de qué Magistrado, se dispuso ingresar la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones y obtener información de salidas al exterior”
El pasado 27 de septiembre, el fiscal González emitió un dictamen en el que afirmó que busca desentrañar si desde esas dependencias estatales “se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal”. Se sospecha que la información que surgió de esas tareas prohibidas se utilizó con distintos fines. Entre otros, la publicación en medios de comunicación oficialistas a modo de “apriete”. En algunas ocasiones, los artículos que involucraron a magistrados derivaron en denuncias en el Consejo de la Magistratura.
Además de los jueces, Canicoba Corral requirió a la Dirección Nacional de Migraciones que “informe si hubo solicitudes de información migratoria en los últimos dos años” respecto de presidentes de ambas Cámaras del Poder Legislativo, los presidentes de los distintos bloques parlamentarios de Senadores y de Diputados, “ministros del PEN y de la provincia de Buenos Aires; gobernadores de todas las provincias y el jefe de gobierno de CABA; el director y subdirectora de la AFI” y hasta el periodista Carlos Pagni y Gustavo Vera, de la Alameda.
El juez no tiene las respuestas de todos los organismos. Pero la información parcial que recibió Canicoba Corral es alarmante. Por eso extendió la consulta al Banco Central y a la AFIP.
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