La empresa de transportes de la familia Lattanzi se quedó en junio de 2016 con una licitación de 3 millones de pesos para la adquisición y transporte de piedra dolomita por parte de la Municipalidad de Rufino. La firma no llegó a quedarse con el dinero, porque la Comisión Evaluadora del Concejo Deliberante de Rufino detiene la licitación y denuncia al jefe comunal. La empresa tiene como principales integrantes al hijo del intendente, a su madre y a su esposa quien figura como socia gerente.
Los delitos que le imputan al jefe comunal son negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y tentativa de fraude a la administración.
“Esta licitación fue llamada a sólo seis meses de la asunción del intendente y un mes antes, el intendente le cedió sus acciones de la empresa de transporte a su esposa. Es decir la primera licitación la gana la propia empresa del intendente. Todo esto nos lleva a la certeza de pedir la elevación a juicio”, explicó el fiscal Clavero en una entrevista con El Destape.
Entre las pruebas recopiladas contra el jefe comunal se encuentran documentos de la licitación, informes patrimoniales de la familia, pericias de organismos como la AFIP, testimonios de ex empleados de la empresa de transporte y un peritaje realizado por peritos de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe.
La defensa del intendente alega que no hay delito, porque la Municipalidad no llegó a entregar el dinero. “El delito existió, porque no se necesita que hay un pago, con sólo la intención de quedarse con la licitación. El artículo 265 del Código Penal pena con hasta seis años de prisión al que y cito textual ´se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero´”, explicó Clavero.
Tras la denuncia presentada por Clavero, ahora la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá convocar a una audiencia preliminar y designar un juez. El intendente además afronta dos denuncias en su contra por el incremento de tasas municipales y la realización de modificaciones en la Plaza Sarmiento de Rufino sin la aprobación del Concejo Deliberante, tal como lo establece por ley orgánica.
Lattanzi se suma a otros intendentes de Cambiemos complicados en la Justicia. La actual diputada nacional Aída Ayala tiene un pedido de prisión preventiva en una causa por lavado de dinero en su gestión como intendenta de la ciudad chaqueña de Resistencia. El intendente de Paraná, Sergio Varisco, fue procesado y afronta un juicio por narcotráfico.
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