"Bien por los diputados que votaron a favor de la producción y del desarrollo del interior respetando el concepto productivo de los inmuebles rurales", dijo este jueves en su cuenta de Twitter el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina.
La SRA valoró que los inmuebles rurales sean exceptuados del proyecto de ley aprobado en la madrugada de este jueves que establece una alícuota progresiva del 0,25 al 0,75 por ciento para los bienes que superen los dos millones de pesos.
La iniciativa, que implica un aumento impositivo para miles de otras personas, fue votada tras aprobarse el proyecto de ley del presupuesto 2019 que había presentado el Gobierno de Mauricio Macri con el aval del Fondo Monetario Internacional.
Las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) había advertido en la víspera a los congresistas que no era el camino "para crecer seguir aumentando impuestos o creando nuevos".
Su filial en Córdoba criticó pese a todo el "nuevo intento de incremento en la ya agobiante presión impositiva que pesa sobre todas las actividades productivas en general y la agropecuaria en particular".
La Federación Agraria Argentina también "expresó su satisfacción" en un comunicado de que los legisladores "se hayan abstenido de modificar el impuesto sobre los bienes personales".
El organismo, que reivindicó el esfuerzo que realizaron gremios agropecuarios, "aportando a las arcas del tesoro nacional a través de diversos impuestos específicos", solicitó al Senado que sancione ahora el proyecto de ley girado por la Cámara de Diputados.
Las patronales agropecuarias han sido uno de los principales respaldos con los que ha contado el Gobierno de Macri desde el comienzo de su gestión.
Tras asumir en diciembre de 2015, el presiente suprimió las retenciones a las exportaciones de girasol, trigo y maíz, y redujo los gravámenes a las ventas de soja.
A raíz de la crisis económica, el Gobierno volvió a restaurar un esquema de impuestos por el que el maíz y el trigo tributan 4 pesos por cada dólar exportado, mientras que estableció una alícuota del 18 por ciento para la harina, el grano y el aceite de soja.
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