Energía Argentina SA (ENARSA) cerró un nuevo acuerdo para adquirir gas de Chile durante el invierno por 276 millones de metros cúbicos. El contrato, anunciado a principio de mes pero aún no suscripto, prevé un costo del gas de U$S 7,89 por millón de BTU a precios en la terminal, a lo que se deberá sumar U$S 0,18 por millón de BTU al punto de ingreso al sistema de transporte (PIST). Totalizará un valor de U$S 8,07.
La compañía estatal dependiente de Energía había tomado una resolución similar hace un año. La compra se la realiza a la ENAP, del Estado chileno, que realmente es intermediaria. El combustible no es producido por esa empresa, sino que oficia de intermediaria con British Gas. En 2015, BG Group fue adquirida mundialmente por Royal Dutch Shell por U$S 70.000 millones.
Esta compra resulta la más cara de las opciones que posee el Gobierno. Existe un contrato con Bolivia para importar a U$S 3 por millón de BTU (en lugar de U$S 8 de Chile), que puede ser ampliado en caso de que Argentina requiera más gas. El ministro de Hidrocarburos boliviano, Luis Alberto Sánchez, detalló que en 2016 Aranguren no le pidió incrementar los envíos antes de acudir al gas natural licuado (GNL) chileno, que es más caro.
La petrolera vinculada al ministro de Energía tuvo un beneficio por partida doble. Por la adquisición desde el país trasandino, Shell ingresó 166% más de lo que hubiera conseguido desde Bolivia, donde también participa en las ventas de YPFB vía British Gas. Y por el sobrante no adquirido por la Argentina, Bolivia se lo colocó a Brasil a U$S 8, con lo que ganó un adicional de 166%.
Para respaldar la importación de gas de ultramar del 27 de abril del año pasado, el Ministerio de Energía arguyó que YPFB no cumplía con el contrato de abastecimiento. Sin embargo, Bolivia sufrió un problema de producción debido a un terremoto que ocurrió recién en julio, tal como explicaron los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes ampliarán el jueves la denuncia penal contra el funcionario.
Otra alternativa un poco más cara pero incluso más barata que la tomada por el Gobierno era regasificar GNL de barcos extranjeros en los puertos de Escobar y Bahía Blanca, a cerca de U$S 4,5 el millón de BTU (en lugar de los U$S 8 de Chile). La explicación oficial indica que no alcanza la capacidad operativa, pero un estudio minucioso de los legisladores nacionales del Frente Para la Victoria muestra que en 2016 tuvieron una capacidad ociosa de 3.000 millones de metros cúbicos, el 10% de lo importado por el gasoducto trasandino (300 millones de metros cúbicos).
Doñate y Tailhade denunciaron en 2016 esta maniobra que beneficia directamente a la compañía anglo-holandesa, de la que Aranguren aún poseía acciones y de la que fue presidente ejecutivo hasta junio de 2015. El ministro recién se desprendió de sus tenencias en septiembre, luego de una recomendación de la Oficina Anticorrupción.
Además, mediante el decreto N 1006/2016, el presidente, Mauricio Macri, "ha aceptado la excusación (de Aranguren) para intervenir en cuestiones particularmente relacionadas con la empresa Shell Compañía Argentina de Petróleo SA y sus empresas vinculadas, y ha encomendado al ministro de la Producción (Francisco Cabrera) la decisión en esas actuaciones". No obstante, estos acuerdos binacionales que realizó Energía terminan favoreciendo a Shell a través de subsidiarias.
El expediente por negociaciones incompatibles lo llevan el fiscal Carlos Stornelli y el juez Luis Rodríguez, donde el ex presidente ejecutivo de la petrolera está imputado. A la par, el organismo que comanda Laura Alonso investiga a Aranguren por violar la Ley de Ética Pública, pero aún no arribó a conclusiones.
No hay comentarios.