El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, le concedió a Angelici la medida cautelar tras compartir, de manera preliminar, sus objeciones a la ley 27.346, que creó un "impuesto específico sobre la realización de apuestas", y al decreto 179/17 de Macri, que elevó la alícuota del impuesto a las ganancias para el sector del 35 al 41,5 por ciento.
Lavié Pico estimó que esa suba al 41,5% "aparecería como confiscatoria, violando así el derecho constitucional de propiedad", por lo que estimó que correspondía darle la cautelar a las empresas de Angelici.
Con esa medida cautelar a su favor, Angelici ya no tributará un piso de $ 14 millones anuales por sus bingos -como mínimo- y, a cambio, el juez Lavié Pico le ordenó depositar $ 1,5 millón como "caución" en Tribunales, según surge de la resolución judicial cuya copia obtuvo LA NACION.
La medida cautelar, dispuesta el 13 de noviembre pero que hasta ahora no había trascendido, beneficia a tres sociedades del "Tano" Angelici: Bingo Ramallo SA, World Games SA, que controla un bingo en Pergamino e intereses en Brasil, y Desarrollos Maipú SA, con un casino en Mendoza.
Los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apelaron la medida cautelar. Pero Lavié Pico se inclinó otra vez a favor del "Tano" Angelici y concedió el recurso con efecto "devolutivo". Es decir, que mientras se tramite la apelación, la medida cautelar seguirá vigente y, por tanto, los bingos de Angelici no tributarán el impuesto a las ganancias.
Le creyó a Angelici
El magistrado también consideró probado que existiría un "peligro en la demora" de no otorgarles la medida cautelar a los bingos de Angelici, ya que podrían ir "al quebranto" si debieran pagar la alícuota del 41,5%. Y para eso se apoyó en los cálculos contables que aportaron los abogados del propio Angelici pero que no llegaron a cotejarse con peritajes oficiales.
La cautelar que beneficia ahora a Angelici se extenderá hasta que el propio Lavié Pico dicte sentencia de fondo sobre la constitucionalidad de esa alícuota o se cumpla con el plazo máximo de 6 meses para la vigencia de las medidas cautelares -es decir, mayo del año próximo-, prorrogable por otros seis meses. Es decir, podría extenderse hasta fines de 2018.
El juez ya dio indicios en ese sentido en un expediente paralelo al reclamo de Angelici que inició en abril la Cámara Unión Argentina de Empresarios de Entretenimientos (Uadee), que nuclea a otros bingueros, pero no al operador de Macri, ni así tampoco a grandes jugadores como Codere, Bolt o Casino Club de Cristóbal López, tal como reveló LA NACION el 20 de agosto pasado.
Patrocinados por el abogado Armando Canosa -de buenos vínculos con el camarista más preponderante del fuero, Sergio Fernández- los bingos nucleados en la Uadee lograron que Lavié Pico les otorgara la medida cautelar el 18 de mayo y que se las prorrogara el 14 de noviembre.
Reformas y Lilita
La ofensiva judicial de los bingueros -y de Angelici, en particular- complica los planes de recaudación fiscal que había trazado Macri a fines de 2016, cuando el oficialismo se ilusionó con compensar con un impuesto al juego la reducción de Ganancias que benefició a miles de contribuyentes.
La medida cautelar que benefició a Angelici, sin embargo, llegó antes que el Gobierno enviara al Congreso su paquete de reformas; entre ellas, la previsional, como así también antes de que trascendiera la alianza que el "Tano" tejió con Enrique "Coti" Nosiglia que malquistó, aún más, a Lilita Carrió.
Para la AFIP, la decisión judicial de Lavié Pico representó un traspié ya que había planteado su recusación "sin causa", pero el propio magistrado también la rechazó "por improcedente" el 2 de este mes, para once días después darle la razón preliminar al actual presidente de Boca Juniors.
La AFIP también objetó que Lavié Pico convirtiera el proceso "sumarísimo" en "ordinario", lo que en términos prácticos extenderá los plazos para tramitar el expediente, que demorará más en llegar a una definición, "lo cual podría redundar en un claro beneficio de la parte actora", reclamó el organismo.
"La prudencia y la razonabilidad con que se conduzca el juez resultan decisivas, más en casos como el presente donde se encuentran en juego la percepción de las rentas públicas", le reclamó la AFIP a Lavié Pico.
Sin embargo, el magistrado tampoco les dio la razón ante ese reclamo.
"Lo que sí queda en claro es que el objetivo de la actora [por Angelici] consiste en modificar el tipo de proceso a su antojo para beneficiarse primero con los exiguos plazos del tipo sumarísimo y luego convertirlo en ordinario y así ampararse en los plazos propios de este tipo de proceso, todo ello con el único afán de soslayar, en caso que se le otorgue una medida cautelar -la mayor cantidad de tiempo que este a su alcance- el cumplimiento de la ley 27346 -con relación al aumento de la alícuota del impuesto a las ganancias y al impuesto específico sobre la realización de apuestas- y del decreto N° 179/17", sostuvo la AFIP.
El planteo del organismo, sin embargo, también chocó con la negativa de la Cámara de Apelaciones de fuero, que desechó sus objeciones sobre la conversión del proceso en ordinario. Así, según los cálculos de los abogados de Angelici, World Games no tendrá que abonarle $ 12,8 millones al fisco por año mientras dure la medida cautelar, ni Bingo Ramallo otro $ 1,5 millón "por afectación directa de los nuevos impuestos". Y esa cifra es preliminar, porque los letrados no detallaron cómo impactaría en Desarrollos Maipú, la tercera firma de la industria del juego del "Tano" ahora beneficiada por la Justicia.
Fuente: La Nacion
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