
El planteo fue realizado por el el letrado Daniel Igolnikov, quien reclamó la revisión de la sentencia de la Corte dictada el miércoles último a la luz de "las consecuencias que ya se empiezan a notar respecto de la paz social y especialmente en los delitos que implicaron violación de los derechos de los niños y adolescentes".
En un escrito dirigido al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el abogado argumentó que, mantener el criterio de reconocerle a los represores el beneficio del 2 x 1 "causará un gravamen irreparable social, jurídica y políticamente".
En razón de ello, el pedido de "reposición in extremis" aludido por Igolnikov, plantea que esa herramienta sirve para "intentar subsanar yerros esenciales, groseros o evidentes, deslizados en un pronunciamiento judicial".
El pedido busca la suspensión y revocatoria del fallo del miércoles último de la Corte, que por mayoría otorgó el 2 x 1 al represor Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención denominado "El Chalet" que, durante la última dictadura cívico-militar, funcionó en el Hospital Posadas de la localidad bonaerense de Haedo.
En esa sentencia, los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, concluyeron que, como la ley no distingue, la norma "más benigna" alcanza a los autores de cualquier delito, en tanto que Lorenzetti y el juez Juan Carlos Maqueda afirmaron que el 2 x 1 no es inaplicable en casos de lesa humanidad.
Muiña fue condenado como coautor de privación ilegal de la libertad con abuso de sus funciones agravado por uso de violencia o amenazas e imposición de tormentos por las condiciones de cautiverio de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff.
Esos hechos, según constancias de la causa, se registraron el 28 de marzo de 1976, en el Hospital Posadas, cuando un operativo militar con tanques y helicópteros comandado personalmente por el ex presidente de facto Reynaldo Bignone ocupó el establecimiento y detuvo a personal del centro asistencial.
Al realizar su planteo, el abogado Igolnikov sostuvo que apunta a evitar "la consumación de injusticias irreparables o de reparación lenta y fatigosa".
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