La nota, escrita por Diego García Sayán, escribió: “Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.
Según publicó El Cohete a la Luna, en una nota firmada por la periodista Luciana Bertoia, la nota llegó al ministerio que comanda Jorge Faurie el último viernes y allí le pidió informes y una respuesta en los próximos 60 días. Por los plazos que maneja, es posible que la respuesta sea una de las tantas tareas pendientes que Mauricio Macri le deje a Alberto Fernández para después del 10 de diciembre.
La misiva, de unas 15 carillas, incluye un detallado informe de varias situaciones irregulares en relación a la Justicia. Entre ellas, la designación por decreto de dos jueces para la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, la ocupación de Pablo Tonelli de forma irregular en una banca del Consejo de la Magistratura, en 2016, y el intento de remoción de Gils Carbó de la Procuración General.
Sobre este punto, el jurista peruano destaca que el Gobierno contó con Clarín y La Nación como aliados. El documente detalla, entre otras acciones: presiones para que renuncie, amenazas de vulnerar la estabilidad del Ministerio Público Fiscal (MPF), anuncio de reformas vía decretos de necesidad y urgencia (DNU) o reformas legislativas de la ley orgánica del MPF, e inicio de acciones judiciales por parte de ONGs afines al gobierno nacional.
Pero no solo eso: también recordó la designación irregular del juez electoral en la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Culotta, el nombramiento de Carlos Mahiques de ministro de Justicia de María Eugenia Vidal a juez de Casación Federal y los ataques al fuero laboral, a los que Macri llegó a comparar con el narcotráfico.
Asimismo, recuerda los embates del oficialismo contra Alejo Ramos Padilla, juez federal de la causa por espionaje ilegal, luego de que comenzara a investigar a una banda acusada de extorsionar y espiar a testigos e imputados de causas que llevaba adelante el fiscal rebelde Carlos Stornelli.
“Tengo la intención de expresar públicamente mis preocupaciones en un futuro cercano, ya que considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata”, enfatizó García Sayán.
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