La Justicia ordenó que el Gobierno informe sobre contratos de Vialidad

El intendente de Salta capital y candidato de Juntos por el Cambio para la gobernación de la provincia, Gustavo Sáenz, solicitó una medida cautelar ante la Justicia, la cual fue concedida, para que los medios locales no publiquen notas que lo involucren con los casos de corrupción y asociación ilícita que se investigan contra funcionarios de su gobierno municipal. Incluso, solicitó que se borren las noticias ya difundidas y se divulgue que él, directamente, no está involucrado en la pesquisa ni figura imputado en ninguna causa.


En un escrito al que accedió El Destape, Sáenz inició un juicio por delito de acción privada contra Sergio Leavy, su oponente en los comicios del próximo 10 de noviembre, por considerar que manifestó calumnias e injurias en su perjuicio, atribuyéndole delitos "entre los que se cuentan los de peculado, fraude a la administración pública y lo que él define como “robo”,vinculados a una causa penal que se sigue en la Justicia Federal".

Desde el bloque de diputados nacionales del FPV-PJ argumentaron que "ante el rotundo fracaso de los contratos de PPP por falta de financiamiento de los contratistas, el Proyecto se encuentra paralizado sin que se haya construido un metro de rutas".

Los camaristas Clara María do Pico, Liliana María Heiland y Rodolfo Eduardo Facio definieron por unanimidad revocar a decisión de la Jueza Macarena Marra Gimenez, titular del Juzgado N° 12 y ordenaron que Vialidad entregue la información solicitada.

Gioja sostuvo que hasta el momento la Dirección Nacional de Vialidad dio información incompleta, pese a haber sido muy puntual en el requerimiento; que jamás se indicó que la información solicitada no existía; y que reconocieron tener los datos pero definieron no entregarlos.

En paralelo, continúan los conflictos dentro del organismo. El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) resolvió paralizar actividades desde este mediodía y por tiempo indeterminado por “la falta de pago del concepto salarial co-responsable contable que se les adeuda a los trabajadores desde Octubre de 2016 y además la pretensión unilateral de la Administradora Patricia Gutiérrez de dar de baja a través de una resolución, un beneficio adquirido y que incluso fue reconocido por la misma gestión”, según explicó la titular del gremio, Graciela Aleña.

La Justicia avanza también en la investigación de la causa por la que se imputaron al Ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex Administrador de Vialidad Nacional Javier Iguacel, a partir de las denuncias presentadas por el sindicato, por la prórroga ilegal en la concesión de peajes en distintos corredores nacionales.