Si bien el Gobierno buscó calmar la crispación entre los trabajadores retirando el peso del cargo de forma directa, pero estatizando la deuda (una forma indirecta de que sean los argentinos quienes paguen), la causa continuó su curso y el ex ministro quedó formalmente implicado.
La denuncia había sido presentada por el fiscal Guillermo Marijuan y recayó en su colega Paloma Ochoa, quien realizó la imputación.
La fiscal pidió además a la jueza María Romilda Servini de Cubría que dicte una medida de no innovar para suspender durante 60 días la aplicación de la resolución.
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