La tarifa social protegía con descuentos de hasta el 40 por ciento a los usuarios que se encontraran dentro de un rango de consumo de entre 150 y 200 kw/h por mes. La normativa provincial cobija al 2 por ciento de los usuarios bajo ese régimen, aunque se calcula que uno de cada cuatro usuarios lo obtuvo.
La quita del beneficio será un impacto demoledor que se sumará al aumento de tarifas previsto a partir de los consumos de septiembre, que promediará un 30 por ciento para los usuarios residenciales.
Al igual que lo hizo con la eliminación por DNU del Fondo Federal Solidario o fondo sojero (que resultaba de coparticipar el 30% que se recaudaba de las retenciones a las soja), el gobierno de Mauricio Macri decidió, nuevamente de manera unilateral, sacar los subsidios al transporte público de pasajeros y a la tarifa social de la energía eléctrica.
Este miércoles cinco de septiembre la actual Secretaría de Energía de la Nación publicó la resolución que oficializa la decisión nacional de desfinanciar la tarifa eléctrica social. Mientras desde el Gobierno central se convoca a ministros y a los gobernadores (el próximo martes a Casa Rosada), con el anunciado propósito de avanzar en acuerdos, la Nación ya tomó por decreto medidas que afectan a todo el interior argentino. Boleto Las provincias hicieron un análisis y se determinó que sin el subsidio al transporte, el boleto del servicio urbano costará $ 35. Esto representará un gasto importante para el presupuesto de las familias santiagueñas. Para tener noción del impacto, solo una empresa traslada por día a más de 70 mil usuarios en la ciudad Capital.
La eliminación de este subsidio también abre un interrogante sobre qué pasará con el boleto escolar gratuito que implementaron las ciudades Capital y La Banda. Sin embargo, mayor será el impacto que tendrá la decisión del Gobierno nacional de terminar con el subsidio a la tarifa social de la energía eléctrica. De alrededor de 230 mil usuarios residenciales que tiene Santiago del Estero, 110 mil son beneficiarios de la tarifa social. A partir del año próximo, estos usuarios tendrán que pagar en promedio $430 más por mes, que eran lo que recibían de beneficio. Tan solo en tres ítems, a Santiago del Estero le dejarán de ingresar durante 2019 unos $2.165 millones de Nación. Se trata de la eliminación del Fondo Federal Solidario o fondo sojero que representa un recorte de $ 1.081 millones; también de los subsidios de la Tarifa Social de Energía Eléctrica ($ 423 millones) y del transporte automotor (transporte público de pasajeros), que significarán otros 661 millones. Es decir, el ajuste del Gobierno nacional tiene un alto costo fiscal para Santiago del Estero y social porque afecta a los habitantes, particularmente a los más vulnerables. Además, busca que las provincias se hagan cargo de los subsidios, pero al mismo tiempo recorta los fondos a los distritos, lo que para analistas económicos resulta un fuerte contrasentido. Y aún debe esperarse qué pasará con otros fondos específicos que Nación ya tiene decidido dar de baja y que enviaba a las provincias: esto abarca planes de salud (medicamentos y vacunas), también el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y el Fondo Nación de Vivienda (Fonavi).
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