No fueron 11.300.000 dólares. Fueron entre 100.000 y 200.000 dólares. Sesenta veces menos que lo que dice el chofer. No fue para ganar licitaciones ni para facturar con sobreprecios, sino que el dinero se tuvo que entregar para las campañas electorales del kirchnerismo. O sea que no cometieron una estafa al estado sino que fueron víctimas de una extorsión. Estos son los nuevos ingredientes de la causa de la fotocopia de los cuadernos que no deja de producir sorpresas, algunas casi humorísticas. Ayer, a primera hora, se presentó a declarar Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. El empresario era titular de Iecsa a la que de acuerdo a las fotocopias de los cuadernos se le achaca pagos por 11.300.000 dólares en 12 visitas del secretario de Roberto Baratta a la empresa. Hay otras dos visitas en que el chofer escribano no pudo estimar las cifras. Calcaterra actuó de arrepentido un rato, dijo que su número dos, Javier Sánchez Caballero, le pagó al secretario de Baratta por orden suya y que entregó, en cuatro pagos, entre 100.000 y 200.000 dólares para las campañas electorales de 2013 y 2015. Una curiosidad es que de esa manera, Calcaterra ayudó a financiar la campaña de Daniel Scioli contra su primo, algo que no suena demasiado creíble. Un rato más tarde el empresario se fue tranquilamente de Comodoro Py a su casa con el rango de imputado–colaborador, dejando atrás numerosos interrogantes, entre ellos por qué no fue detenido de entrada, la semana pasada: nadie saca 11 millones de dólares de una empresa sin el visto bueno del dueño. En el edificio de Retiro parece que nadie se puso colorado y no sabemos la reacción del más puntilloso chofer del mundo quien, supuestamente, le pifió en el cálculo en un 98,23 por ciento.
Como adelantó PáginaI12 el domingo, en exclusiva, el número 2 de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, se convirtió ayer en el segundo “arrepentido”. Y esgrimió el argumento que también adelantó este diario: que no pagaron coimas para conseguir obras o poner sobreprecios sino que fueron presionados para aportar a las campañas electorales. Pagar coimas para ganar una licitación hubiera sido un fraude con el que ganarían mucha plata. Poner sobreprecios, lo mismo. El delito es cohecho. En cambio en el caso de las campañas electorales, los empresarios no tienen de qué arrepentirse porque fueron víctimas de un delito, una extorsión del kirchnerismo. Lo mismo sucede si argumentan que pagaron para cobrar antes: según los juristas, también es extorsión, porque el funcionario público exige dinero a cambio de un derecho que ya tiene el acreedor.
El combo de CEOs macristas, todos defendidos por el mismo estudio de abogados de Ricardo Rozental, uno de los preferidos de Macri, obedientemente usaron los mismos argumentos y se fueron a sus casas en libertad. El fiscal y el juez sí tuvieron la delicadeza de no detener al número 1 de Iecsa, el primo presidencial, pese a que era cantado que era responsable de cualquier pago. La “confesión” de ayer demuestra las maniobras del expediente: ser primo del Presidente tiene sus privilegios.
Ayer, otros dos empresarios, que no están detenidos, repitieron la cantinela: que los extorsionaron y les pidieron plata para la campaña electoral. El kirchnerismo hace dos años y medio que dejó el poder, pero ahora Alejandro Ivanisevich de Emgasud y Manuel Santos Uribelarrea de la empresa agropecuaria MSU le dijeron a Bonadío que los obligaron a aportar.
El show de ayer continuó con otro impacto. El dúo Carlos Stornelli–Claudio Bonadio mandó a detener a Héctor Zavaleta, ex ejecutivo de Techint. En los diarios de viaje del chofer se consignan nueve visitas de Baratta a la empresa del hombre más rico de la Argentina, Paolo Rocca. Dice que el funcionario se llevó plata en bolsos, pero no sabe cuánto. Lo llamativo es que, nuevamente, detuvieron a un ejecutivo pero no al dueño que, como sucedió en el caso de Iecsa, seguramente fue el que dio las órdenes de que se pagara.
En cambio, Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, quedó detenido tras presentarse y negarse a declarar ante Bonadio. Además, allanaron tres domicilios que supuestamente le pertenecen.
El ex integrante de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, dijo durante el fin de semana que los cuadernos pueden ser un indicio, no una prueba. Es decir que si en un cuaderno o su fotocopia se consigna que hay un cadáver en el jardín, es necesario encontrar el cadáver. Los cuadernos no son una prueba en sí mismos. En el expediente judicial todavía no apareció ningún cadáver: ni una cuenta bancaria clandestina ni una sociedad en el exterior ni una bóveda. En el día de ayer hicieron circular la versión de que un empresario tiene filmado el pago de dinero: sería una evidencia de importancia. Por supuesto que también sería deseable la aparición de los cuadernos, que Centeno dice que quemó, pero que no hay razón para creerle. Según su ex pareja, se trata de un hombre inestable y su opaca carrera de sargento en el Ejército se terminó cuando le tiró una granada a un compañero que, aparentemente, le hacía bullying. Por esa razón estuvo preso. Aún así, no perdió su precisión para escribir, aunque su memoria vaciló respecto si tenía guardados los cuadernos o los había quemado. Fue con Stornelli a dos domicilios a buscar el material y después declaró que lo quemó.
Hay causas judiciales paralelas en que el proceso fue totalmente diferente a la del chofer arrepentido. En el expediente sobre el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, instruido por Marcelo Martínez del Giorgi y el fiscal Franco Piccardi y en la causa por las plantas potabilizadoras, a cargo de Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado, se investigan licitaciones, sobreprecios, coimas, pagos de Odebrecht y demás maniobras. El método no es el de las detenciones irregulares, sin juicio y sin condena, con la virtual extorsión de los detenidos, sino una investigación meticulosa de los contratos y el movimiento de dinero. Angelo Calcaterra está citado a indagatoria; Carlos Wagner, de Esuco y ex titular de la Cámara de la Construcción, está procesado y nuevamente citado a indagatoria. Como es obvio, en esas causas también están investigados, como corresponde, los funcionarios públicos.
Durante el día de ayer, Bonadio rechazó la recusación presentada por Anibal Ibarra y Roberto Boico, defensores de Oscar Parrilli. Planteos similares harán Juan Pablo Alonso y Alfredo Huber, abogados de Baratta, mientras que el conocido penalista Maximiliano Rusconi, letrado de Julio De Vido, ya adelantó que pedirá la nulidad de todo lo actuado. El relato del periodista de La Nación, Diego Cabot, que contó que directamente le llevó las fotocopias a Carlos Stornelli –era jefe de Seguridad de Boca Juniors cuando Macri era presidente del club xeneize– porque lo conocía, es una evidencia palmaria de cómo se manejaron las cosas. Se vieron en un bar, charlaron de cine, después en una vivienda y después Cabot fue a la fiscalía. La totalidad de los juristas consultados por este diario coinciden en que se trató de un caso del llamado forum shopping, es decir de elección del juez como en un shopping. Será la Cámara Federal la que tendrá la palabra ahora, tanto sobre las recusaciones como sobre las excarcelaciones. Cualquiera de los planteos tiene diagnóstico pesimista en Comodoro Py, que ha sostenido las más increíbles ilegalidades y hoy funciona como sucursal de la Casa Rosada.
El panorama es el de la ofensiva judicial–política–mediática, muy similar a Brasil o Ecuador, donde el gran objetivo es golpear o inclusive sacar de la cancha a lo que el establishment llama “el populismo”. Para eso no importa si se trata de originales o fotocopias; si detienen a unos y no a otros; si el que declara lo que se pretende se va libre en minutos y si se acepta a cualquier arrepentido aún antes de verificar su versión.
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