Pese a ello, la presunta renuncia de Monge Varela no se comunicó por las vías institucionales por las que ANSES acostumbra transmitir las decisiones importantes. Todavía no fue designado su sucesor, lo que eleva aún más las sospechas de una salida organizada. La versión oficial tampoco se condice con la de otras fuentes internas del organismo, que detallaron a este medio que el directivo fue echado.
Las razones esbozadas incluyen el escandaloso e ineficiente manejo del FGS. Emilio Basavilbaso asumió la dirección del ente previsional con U$S 65.787 millones y lo hundió a U$S 57.038 millones a febrero de 2018, último dato confidencial al que accedió El Destape. El derrumbe incluyó el uso político de una porción sustancial del dinero y la colocación poco rentable en fondos comunes de inversión, pero que implicó un millonario negocio para las financieras como en SBS Fondos, que pertenecía al ahora vicepresidente del Banco Central, Gustavo Cañonero.
Además, fuentes internas aseguraron a este medio que Monge Varela se negó a ponerle la firma a la venta de los activos del fondo que administra más de un $ 1 billón de los jubilados y de los trabajadores. La cualidad del FGS de desprenderse de acciones fue una de las prioridades del Gobierno. Además, ahora la Casa Rosada presenta a esto como una necesidad para hacerse de efectivo y cumplir con los objetivos del FMI que negoció tan solo un mes atrás. La privatización para conseguir fondos fue una práctica diaria durante la presidencia de Carlos Menem, pero no es sustentable, ya que su límite es el propio patrimonio en poder del Estado.
La ANSES se aprovecha de la falta de información para dilatar la difusión de las actas del comité ejecutivo del FGS, lo que impide el control público de los verdaderos dueños del fondo. Técnicamente no es considerado dinero del Estado, sino que le corresponden a los trabajadores tanto activos como pasivos.
La segunda renuncia por desmanejos con el fondo de los jubilados
Monge Varela reemplazó a Luis María Blaquier en 2017, luego de que El Destape revelara el escandaloso memorando que había firmado su antecesor con Qatar. El contrato no tenía validez legal, ya que incluía múltiples cláusulas ilegales, como fue confirmado por el juez federal Daniel Rafecas. La fiscal Paloma Ochoa, no obstante, pidió investigar la razón por la que los funcionarios negociaron transferir U$S 300 millones del FGS a una offshore, pero lo impidieron sus superiores, Germán Moldes y Raúl Pleé.
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