El proyecto de Al Mulki rebajaba el umbral de ingresos requeridos para pagar impuestos sobre la renta, abarcando a un 6% más de contribuyentes, con lo que presuntamente se apuntaba a una mejoría de la administración tributaria, lo que despertó la furia social. El plan se enmarca en las recomendaciones del FMI, que hace dos años le entregó a Jordania una línea de crédito por 723 millones de dólares (nuestro país está pidiendo 40 mil millones).
Previamente, el país ya venía aplicando una serie de “medidas de austeridad” para reducir el déficit fiscal, que incluían la eliminación de subsidios en productos básicos como el pan y la suba del precio de combustibles. El objetivo del equipo económico era bajar el porcentaje de deuda pública del 94% del PBI registrado en 2015 hasta un 77% en el 2021.
El miércoles pasado el rechazo social ante el proyecto cristalizó en una enorme huelga general convocada por 33 sindicatos y asociaciones que paralizó el país y en múltiples movilizaciones callejera que continuaron hasta el día lunes, pese a la decisión del rey Abdullah II congelar los precios de electricidad y combustibles (reconociendo “la injusticia de que los ciudadanos tuvieran que arrastrar la carga de la reforma financiera”) y luego de exigirle la renuncia a Al Munki. Una nueva huelga general estaba convocada para este miércoles y por el momento no se ha levantado, pese al derrocamiento del Primer Ministro. Por decisión del soberano, el cargo ahora será ocupado por el actual ministro de Educación Omar al Razaz, que deberá formar un nuevo ejecutivo en medio de la crisis.
Según la agencia de noticias estatal jordana Petra, el Parlamento solicitó permiso al rey para una sesión extraordinaria en la que podría tumbarse el borrador de ley que incluye el incremento de los impuestos de los trabajadores de al menos un cinco por ciento y de entre un 20 y un 40 por ciento para las empresas, que fue el que detonó las protestas.
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