El empresario Luis Manuel Pericás habría ofrecido como garantía para obtener las cautelares que terminaron embargando las arcas de Tucumán, una propiedad supuestamente valuada en más de $3.000.000, que le pertece a un abuelo muerto, con idéntico nombre y apellido y para lo cual habría falsificado firmas "sin que las secretarías de los tres juzgados intervinientes se dieran cuenta" de la irregularidad. Ahora habría que determinar si el hecho se produjo por negligencia o no.
Ello fue descubierto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), en las auditorías originadas post "afer cautelares" y por ello, las secretarías de los juzgados por donde "circuló" el caso que se investiga serán sometidas a un sumario para deslindar responsabilidades. Según las conclusiones, Pericás entregó como contracautela el bien del familiar, sin que la Secretaría corroborara si la propiedad existe realmente, si quiénes son sus dueños y sin que diera intervención a los órganos de contralor.
Se subraya la falta de una actuación correcta en las tres secretarías de los Juzgados del Crimen 1ª, 2ª y 4ª Nominación.
Otros alcances
Asimismo, "la Sala de Superintendencia del STJ exhortó a magistrados y a funcionarios a cumplir estrictamente con la ley y aplicar el Reglamento Interno de Tribunales".
Otra de las medidas "preventivas" adoptadas por el alto cuerpo, fue "abrir sumarios administrativos ante la comisión de faltas en esos ámbitos".
Entre otros, advirtió "la paralización de los trámites procesales, en particular aquellos que fueron posteriores a la excarcelación de un imputado". Además, "se ha detectado una lentitud en la tramitación de causas criminales, denuncias o informaciones sumarias referidas a inmuebles", ahonda la acordada dada a conocer en la víspera.
Violencia y menores
"En lo que hace a causas de violencia de género, existe una ausencia de control de cumplimiento de las medidas dictadas de protección de personas", resalta el documento.Hay causas de presos con retrazos importantes; muchos, con menores. En otro orden, "la Sala de Superintendencia recordó que resulta improcedente y está prohibida la presencia (en los Juzgados) de personas ajenas a los mismos, para lo cual deberán instruirse los sumarios administrativos correspondientes".
Febrero, resoluciones
En razón de las consideraciones expuestas por los auditores, Dres. José Luis Guzmán, Élida Suárez de Bravo y María Angélica Peralta de Aguirre, "es que se ordenó que en febrero de cada año se deberán girar las resoluciones originales dictadas por cada Tribunal, acomodadas por folio y con el respectivo índice".
Además, se solicitó al Cuerpo Médico Forense y al Gabinete de Psicología Forense que se dé estricto cumplimiento de los plazos legales en la tramitación de las diligencias judiciales y de pericias encomendadas.
En las auditorías hubo numerosos profesionales que reprocharon demoras en demasía de procedimientos en la Justicia del Crimen.
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