Entre los perjudicados están personas cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluida si es la mínima, personas con dificultades para manejarse de manera independiente si cuentan con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos. Es decir, con un ingreso formal de unos $21.000.
La cartera de Stanley se valió, para hacerlo, del decreto 432 que firmó el presidente Carlos Menem en 1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con "invalidez".
Para la diputada Gabriela Troiano (Partido Socialista), vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad de la cámara baja, se trata de "un grave error", ya que "invocan esa resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de 'extrema indigencia', lo que se contradice con tratados internacionales y leyes nacionales", según declaró al diario Clarín.
En especial, está reñido con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, mediante la cual se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no objetos de asistencialismo.
"Estamos ajustándonos a la ley", afirmó al matutino la vocera de Stanley, Emilia Frigerio, que precisó que están "revisando" todas las pensiones a través del entrecruzamiento de datos y, de manera automática, comenzaron a dar de baja muchas de ellas. Uno de los criterios utilizados en ese entrecruzamiento fue que el beneficiario posea un auto.
Mientras tanto, según el mismo diario, anoche el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y esposo de Stanley, Federico Salvai, festejaba su cumpleaños número 40 en uno de los bares de moda de Palermo: el exclusivo Uptown & The Bronx. Hubo varios funcionarios, nacionales y provinciales, y otras estrellas del firmamento PRO.
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