Los procedimientos, que están a cargo de la Policía Federal y se realizan en las sedes porteñas de ambas empresas, procuran obtener el expediente en el cual se tramitó la venta de MacAir a Avian, supuesta filial local de Avianca, en el marco de la apertura del mercado aerocomercial a las “low cost”. Según la denuncia de Tailhade, la condonación de la deuda, que se remontaba a 2004, formó parte de “un plan ideado por el presidente (Mauricio) Macri para beneficiar ilegalmente a MacAir (hoy Avian)”. El objetivo final de esa maniobra, según la denuncia, es “posicionar a MacAir/Avian como la futura línea aérea más importante del país” y como consecuencia, “la bancarrota de Aerolíneas”.
En marzo de 2016, la colombiana Avianca, una de las principales líneas aéreas de la región, había comprado MacAir, generando un nuevo escándalo de conflicto de intereses. En marzo de este año, el fiscal Jorge Di Lello imputó al Presidente, a su padre Franco y a funcionarios y empresarios por “presuntas irregularidades” en la concesión de rutas a Avianca tras la venta de MacAir. La ANAC, a través de la Junta Asesora de Transporte Aéreo, le había dado curso favorable a las 16 rutas pedidas por Avianca. Todas eran para operar desde Buenos Aires y llegar a ciudades como Santa Fe, Rosario, Comodoro Rivadavia, Concordia y Sunchales, entre otras. La denuncia conlleva la presunción de fraude en la venta de MacAir a Avianca por un supuesto acuerdo que habría incluido la promesa de garantizarle esas rutas.
El juez Torres dispuso las “órdenes de presentación” para obtener el expediente de la venta de MacAir a Avian, según se supo ayer en fuentes judiciales. A principios de junio, el magistrado ya había ordenado procedimientos similares en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y en ambas empresas. Pero al analizar la documentación secuestrada, los investigadores cayeron en la cuenta de que estaba incompleta la parte vinculada con el traspaso de la empresa que perteneció a los Macri hacia la subsidiaria de la aerolínea de bandera colombiana. Los procedimientos ordenados por el juez Torres forman parte de una batería de medidas que había impulsado oportunamente el fiscal federal Jorge Di Lello.
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