El funcionario asumió en 2018, en su primer año a cargo de la Secretaría de Agroindustria, giró varios millones de pesos a la empresa de familia quien preside su padre.
Una investigación de Noticias explicó cómo fue el mecanismo para girar dinero: a través de la Ley de Promoción Forestal 25.080. Un subsidio no reintegrable que abona hasta el 80% de los costos de producción de un emprendimiento forestal que benefician grandes compañías como Papel Prensa y Puerto Laharrague.
En las resoluciones de pago de la Secretaría de Agroindusria de la Nación durante 2018 se comprobó que Puerto Laharrague S.A. fue beneficiada en tres oportunidades hasta sumar un total de $ 4.018.970, 20.
Puerto Laharrague S.A. quedó a cargo de parientes cercanos al funcionario. Hoy está de presidente su padre, Miguel Juan Andrés Pedro Laharrague de Gouy Darsy, el vicepresidente es su hermano, Pablo León Laharrague, y los directores titulares son su hermana, María Helena Laharrague, y Carlos Scarnichia, quien está casado con Isabel Laharrague, su prima.
De los $234.048.375 que pagó la Dirección de Forestales en 2018, el 75% del dinero fue a las cuentas bancarias de las grandes compañías, es decir un total de $177.353.412. Mientras que en 2017, la distribución del efectivo fue más equitativa con los pequeños productores, porque los empresarios habían recibido el 64% de los $187.391.379 que se repartieron. Además, los forestadores más humildes cobraron $10 millones menos con Laharrague en la función pública. En 2017 recibieron unos $67.308.554 y en 2018 la cifra se redujo a $56.654.311.
Desde la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, le enviaron el 14 de marzo del año pasado una nota donde le pide la fecha en la que se había desvinculado al emporio de compañías familiares de las que también formaba parte: El Moconá S.A., Mirasoles S.A y Laharrague Chodorge S.A.
A fin de año, la OA respondió mediante una resolución que dicta que “no se ha comprobado que Nicolás Laharrague haya incumplido las disposiciones de la normativa de ética pública”.
La doctora en Derecho por la Universidad de Yale, Natalia Volosín, explicó que “no está prohibido lo que hizo Laharrague porque se adecua a la Ley de Ética Pública” aunque dice que el caso podría costarle una causa penal porque “puede constituir un delito que el funcionario haya beneficiado a sus propios familiares con dinero del Estado”.
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