El DNU 92/2019 le otorga a la Agencia por crearse “plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado” y detalla que “su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran y los que adquiera en el futuro por cualquier título”. Entre estos se cuentan las 11,5 hectáreas del Cenard, en el barrio de Núñez, los predios de Ezeiza donde funcionan los Centros Argentinos de Deportes en la Naturaleza (Caden 1 y 2) y el estadio nacional de béisbol y el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (CeNaDe), de Esteban Echeverría. En el paquete no entrarían las 42 hectáreas cedidas precariamente a la AFA en comodato hasta 2048 ni las 35 de la villa olímpica construida en Villa Soldati para los Juegos de la Juventud, propiedad del Gobierno de la ciudad.
Si bien el texto fue avalado por el nuevo secretario de Deporte Diógenes de Urquiza Anchorena (empresario y ex titular del Enard que reemplazó a Carlos MacAllister, que luego de una polémica gestión abandonó la entidad para dedicarse a hacer campaña por la gobernación de La Pampa), el cerebro detrás del decreto sería Fernando Marín, ex gerenciador de Racing cuando lo controlaba Blanquiceleste SA y asesor rentado del presidente Mauricio Macri con cargo equivalente al de subsecretario. El proyecto se basa en una creación del gobernador cordobés José Manuel de la Sota de 1999: la Agencia Córdoba Deportes, un ente mixto basado en experiencias brasileñas para conseguir dinero fresco y presuntamente agilizar la administración.
Claudio Morressi, ex secretario de Deportes, afirmó que “Macri firmó el decreto para hacer negocios”. El diputado del FPV Carlos Castagneto, integrante de la Comisión de Deportes, opinó: “Es una locura. Primero le sacaron la plata al Enard, ahora desaparecerá la Secretaría, quieren vender el Cenard que tiene instalaciones que son patrimonio nacional y además privatizar el deporte. Y le digo más, hace unos días vinieron al Congreso dos abogados de la Superliga a hablar de las sociedades anónimas. Porque quieren que los clubes se conviertan en SA”.
Distintos sectores políticos y organizaciones vinculadas al deporte cuestionan la “necesidad y urgencia” del decreto presidencial, ya que el proyecto podría haberse tratado en el Parlamento, con el inicio de las sesiones ordinarias del 1 de marzo. El apuro injustificado alienta sospechas sobre las verdaderas intenciones del proyecto, que poco tienen que ver con favorecer el desarrollo deportivo del país.
Días atrás, ante la difusión del borrador de decreto, la Confederación Argentina de Deportes (CAD), que ya presentó un amparo contra la derogación de la ley 27.201 que creó el Enaded (Ente Nacional de Desarrollo Deportivo), ahora confirma que presentará otro contra la creación de la nueva Agencia. Rodolfo Paverini, presidente de la entidad, explicó: “Nos quieren quitar la legitimidad activa para intervenir, de eso se trata. Porque saben que si se firmara este DNU presentaremos denuncias por abuso de poder, persecución ideológica más la carátula accesoria de tráfico de influencias, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
Con el nuevo decreto, la Agencia centralizaría todos los temas de política deportiva. En el artículo quinto, que fue analizado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se establecen los mecanismos para obtener recursos y administrar los bienes sometidos a su control, incluyendo posibles ventas, locaciones y otras formas de contratación, además de la oferta de bienes y servicios arancelados y derechos publicitarios.
Para garantizar esas potestades, el decreto deroga artículos de la ley 20.655 (ley del Deporte), de la 24.052 que creó la comisión de automovilismo y motociclismo deportivo, de la 26.573 (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), de la 27.201 (Ente Nacional de Desarrollo Deportivo) y de la 27.202 (nueva Ley del Deporte).
El artículo 14 del borrador establece que “hasta tanto la Agencia del Deporte Nacional cuente con plena operatividad, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación prestará los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras, de recursos humanos y en materia jurídica”, por lo que en la transición las decisiones vinculadas con el organismo serán tomadas por el secretario de la Presidencia Fernando De Andreis, ex dirigente de River.
Lejos de las promesas de campaña de incorporar la Secretaría de Deporte a la órbita de presidencia de la Nación para “potenciarla”, antes de la salida de Mac Allister del organismo se había evaluado la posibilidad de realizar los cambios legales necesarios para avanzar hacia la nueva Agencia por la vía parlamentaria pero finalmente se impuso la estrategia del decreto.
No hay comentarios.