Así, la investigación por los posibles delitos de falsificación de documentos públicos y lavado no continuará en el fuero federal sino que pasará al fuero electoral, lo que implica que las sanciones previstas serán mucho más leves en caso de que se llegara a una instancia de condena. La decisión fue tomada por el único magistrado que integra la Sala II de la Cámara Federal, Martín Irurzun, quien así ratificó la decisión que él mismo había tomado en octubre para que la causa pase al juez Adolfo Ziulu, del fuero electoral de la ciudad de La Plata.
La investigación apunta a determinar los mecanismos por los que personas que no dieron su consentimiento terminaron figuran como aportantes de la campaña electoral de Cambiemos en 2017, cuando los principales candidatos fueron Esteban Bullrich y Graciela Ocaña. Entre los aportantes que luego desmintieron su apoyo económico figuran políticos y empresarios, así como también beneficiarios de planes sociales, por lo que se sospecha del uso de esos nombres (posiblemente a través de listados filtrados de Anses) para encubrir aportes provenientes de empresa, prohibidos por la ley. Esta es la hipótesis principal que investigaba el juez Casanello.
A pesar de que el durante su investigación el juez ya había decidido incorporar más testimonios al expediente, Irurzun consideró que los objetos procesales están “tan íntimamente vinculados con el presente, que su indagación debe realizarse de manera conjunta e integral, evitando con ello el examen fragmentado de los hechos y el eventual dictado de resoluciones contradictorias en torno a un mismo tópico”.
El magistrado de la Cámara Federal también señaló “inconsistencias” y “contradicciones” técnicas en la resolución de Casanello, por lo que anuló su decisión de retener el expediente. El titular de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, ya se había pronunciado hace algunas semanas a favor de que la causa pase íntegramente a su fuero: “Creemos que la Justicia Electoral debería tomar la competencia y la Justicia Penal debería intervenir una vez que el juez electoral haya determinado la existencia de un delito”.
La decisión de Irurzun podría ser apelada en los próximos días, por lo que el destino final de la investigación aún no está determinado, aunque la mayoría de las presiones políticas apuntan a su pase a la órbita electoral.
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