Al Gobierno no le alcanza con una crisis económica y financiera, así que le sumó su propia crisis interna. La aliada cívica Elisa Carrió resolvió escalar en su cuestionamiento al ministro de Justicia, Germán Garavano, por haber dicho que está en desacuerdo con las prisiones preventivas y con el pedido de prisión a ex presidentes. Carrió ratificó que avanzará con el juicio político contra el ministro. Ni siquiera cambió de idea cuando la llamó el presidente Mauricio Macri. De hecho, se lo dijo al mandatario. Mientras en el Gobierno siguen los intentos por desactivar esa interna, aclaran que Macri no le soltará la mano a su ministro: “El Gabinete lo arma el presidente, no Carrió”, dijeron a este diario. Lilita, en tanto, volvió a asociar al ministro con la absolución que consiguió Carlos Menem.
Nuevamente, las alarmas en la Rosada se prendieron con una escalada con Carrió cuando la líder de la Coalición Cívica salió a responderle a Garavano, quien había dicho que no veía que en el caso de un ex presidente se pudiera aplicar la prisión preventiva, dado que no se cumplían los supuestos de peligro de fuga o entorpecimiento de la causa. La respuesta de la dirigente fue advertir que era “pasible de juicio político” y lo vinculó al absolución de Carlos Menem que finalmente resolvió ayer la Cámara de Casación. De hecho, ayer el diputado de la Coalición Cívica Juan López destacó el voto en ese fallo del juez Carlos Mahiques, padre de un funcionario que depende de Garavano.
Carrió tiene una vieja disputa con Garavano, desde la pelea que tuvieron por la conducción de la Unidad AMIA y la decisión de no acusar a los ex fiscales Eamon Muller y José Barbaccia en el juicio por encubrimiento al atentado a la AMIA. Esa interna terminó con la disolución de la Unidad AMIA y con una denuncia penal contra Garavano presentada por su ex titular, el radical Mario Cimadevilla.
Ayer por la mañana, Macri tuvo su habitual reunión de gabinete, después de la cual dejaron trascender que respaldaba a Garavano. Luego de esto, Carrió escaló con un posteo en Facebook titulado: “No volvamos al pasado, señor Presidente”. Allí indicó que ratificaba junto al resto de la Coalición Cívica “el pedido de juicio político al Ministro de Justicia Garavano”. “Una de las condiciones del acuerdo que construyó Cambiemos fue el fin de la corrupción y la impunidad para siempre. La República está sumamente herida por un sector del gobierno que por conveniencia política no desean verdad, justicia y condena”, acusó. Y le advirtió a Macri: “Esto no es negociable. Ni la República. Ni la impunidad”.
Tras el ultimátum a Macri, la líder de la Coalición Cívica también cargó contra el tercer aliado de Cambiemos: la UCR. “La falta de apoyo del vocero del radicalismo, como así también las distintas expresiones a mi supuesta ira, `calentura´ o improsperabilidad del juicio político, o como cuestiones de carácter estético sobre mi persona, provenientes de muchas mujeres y hombres de la política nacional, determinarán una demanda por discriminación y machismo aberrante”, anunció. No dio nombres y en su entorno no dieron más detalles sobre quiénes serían los denunciados.
“Es la primera vez que lo haré. No me guía el enojo ni la ‘calentura’ sino la necesidad de que Cambiemos cambie o no cambiará la historia. Esto no es una amenaza, es una decisión colectiva e irrevocable”, afirmó la dirigente.
La Coalición Cívica también emitió un comunicado respaldando a su líder y advirtió que impulsarán la destitución de Garavano “por intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial”. El equipo jurídico de Carrió está preparando el pedido de juicio político. Por ahora, no tiene fecha de presentación.
Desde la Rosada, desplegaron dos estrategias. La primera fue intentar convencer a Carrió de que de marcha atrás con su iniciativa contra Garavano. El primero en ocuparse de esa tarea fue el jefe de asesores del Presidente, José Torello, uno de los habituales interlocutores con Lilita. Se comunicó con ella, le explicó la posición del Gobierno y Carrió mantuvo su posición. Ayer, según confirmaron en el entorno de la diputada, la llamó el presidente. Cerca de Macri, en cambio, no quisieron confirmar la llamada. Se entiende: Carrió le dijo directamente al presidente que iba a ir por la destitución de su ministro de Justicia y que no pensaba cambiar de idea. No es algo que el equipo de comunicación busque que se difunda.
De hecho, las declaraciones públicas de Carrió recrudecieron tras el fallo de absolución a Menem. “Ahora entiendo mi proscripción en la Comisión Bicameral de seguimiento del Ministerio Público de la Nación y los dichos de Garavano”, insistió Carrió, quien mencionó el hecho de que no consiguió quórum en una sesión en la que buscaba que la nombraran presidenta de la comisión legislativa que controla a los fiscales. Luego de ese desplante de los opositores, Carrió envió su renuncia a la comisión al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, y señaló que los peronistas que no la votaron sentían “inquina, odio y celos”.
La segunda estrategia de la Rosada fue pedirle a Garavano que salga a aclarar sus dichos, que –aparentemente– tampoco le cayeron bien al presidente. “Lamento la situación suscitada. Nosotros vamos a seguir trabajando fuertemente en los objetivos en común con la Coalición Cívica y con la diputada Carrió, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. No hablo sobre casos concretos. Hablo en abstracto sobre consideraciones genéricas y era una referencia institucional que marcaba que a los países les hace muy mal esta situación”, insistió Garavano. En línea con la decisión de no escalar la confrontación, el ministro de Justicia dijo: “Reconocemos y valoramos enormemente el aporte que hace Carrió en este combate contra la corrupción que hoy reclaman todos los argentinos”.
¿Le soltará Macri la mano a Garavano? En la Balcarce 50 la respuesta, por ahora, es un rotundo no. “Carrio no arma el gabinete, lo hace el presidente”, señaló uno de sus funcionarios a este diario. “Carrió pidió el juicio político, y de ahí se inicia un proceso que puede prosperar... como no”, indicó. En los hechos, el oficialismo tiene todos los resortes para evitarlo: la comisión que debería tratarlo es presidida por un diputado cercano a Nicolás Massot y no sesionó ni una sola vez en los últimos dos años. Difícil que la habiliten para que Carrió le meta un gol en contra al oficialismo.
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