Ante la devaluación del peso, el organismo reveló una medición de emergencia ya que la inflación llegó en julio al 3,1 por ciento, con un acumulado del 19,6 por ciento en lo que va del año, mientras que la jubilación mínima se ubica en los 8.200 pesos.
"En Argentina, con 8 mil pesos, nadie puede vivir y estamos hablando de un universo de 7 millones de personas", apuntó el defensor de la Tercera Edad, Eduardo Semino.
La canasta de la Defensoría releva los gastos de vivienda, alimentación y medicación de los jubilados en Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, Córdoba capital y Rosario, junto a los grandes centros urbanos, donde se concentra la mayor densidad de adultos mayores.
Además, en los últimos seis meses los insumos de farmacia, que no son contemplados dentro de los medicamentos cubiertos por las obras sociales, tuvieron aumentos de hasta el 30 por ciento por estar dolarizados.
En ese sentido, el defensor de la Tercera Edad advirtió que dentro de ese universo de personas, contemplan a los 1,3 millones de personas que reciben pensiones no contributivas, en su mayoría personas con discapacidad, que enfrentan "condiciones de infraconsumo", debido a que perciben 6 mil pesos mensuales.
"Lo que es necesario es una recomposición inmediata, más allá de discutir un punto más o menos en la movilidad jubilatoria", apuntó Semino y exigió que el pago extraordinario sea cubierto con el flujo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que maneja el ANSES y cuyos activos figuran como herramientas de liquidez para alcanzar los acuerdos firmados con el FMI.
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