Ante la inédita deuda de más de 200 millones de pesos que el gobierno nacional mantiene con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Consejo Superior de la institución aprobó por unanimidad exigir el cumplimiento de la ejecución presupuestaria comprometida, el reinicio del Plan de Infraestructura Universitaria y el desarrollo de paritarias “realistas” para los trabajadores docentes y no docentes. El retraso del Gobierno en el envío de fondos se repite en todo el sistema universitario y afecta a las partidas destinadas a pagar gastos de funcionamiento.
La UTN cuenta con 30 facultades distribuidas en todo el país, donde 80 mil personas estudian Ingeniería. Entrando en julio con una deuda que ya acumula casi seis meses, los consejeros superiores de la UTN consideraron a través de una resolución que la demora en la transferencia de fondos ya es una subejecución de fondos, “y por lo tanto un ahogo presupuestario”. El Ejecutivo se limita a transferir los fondos para pagar salarios y no gira el dinero previsto para pagar los gastos de funcionamiento, servicios públicos, obras de infraestructura, así como becas estudiantiles y de investigación.
El pronóstico de subejecución no es infundado. En 2016, 700 millones de pesos del presupuesto asignado a las universidades quedaron sin ejecutar y en 2017 sumaron 738 millones, cifras que representan el nivel de ejecución más bajo de los últimos diez años, según un informe del Instituto de Estudios y Capacitación de la federación docente Conadu.
La UTN no representa un caso aislado. Los atrasos en las transferencias de fondos han afectado a gran parte de las universidades durante todo el año y denuncian que la deuda ya alcanza más de 4 mil millones de pesos para todo el sistema universitario. La situación fue debatida en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que expresó su preocupación en una declaración y reclamó una audiencia con autoridades nacionales: la reunión se hizo el 18 de junio, con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y la secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela. Los rectores pidieron que se normalice la transferencia de recursos y pidieron soluciones a otras problemáticas del sector. Los funcionarios no ofrecieron respuestas concretas, pero prometieron revertir la situación.
El secretario de Bienestar Universitario de la Regional de Avellaneda de la UTN, Julián Saragüeta, aseguró que el nivel inédito de atraso en el envío de fondos afecta la capacidad de la universidad para otorgar las becas estudiantiles y de investigación que sostiene todos los años con presupuesto propio. “A diferencia de otros años, hoy las becas no están ni designadas, y no tendrán aumento, por lo que su valor sufrirá una devaluación de un 30 por ciento”, lamentó Saragüeta, también consejero superior de la UTN.
La declaración de la UTN destaca que de la institución egresa la mitad de los ingenieros que se forman en el país. En comparación con otras carreras, aseguran los consejeros, la formación de ingenieros implica una mayor cantidad de recursos, por la necesidad de contar con laboratorios e insumos que son costosos y la importancia de renovar periódicamente las maquinarias para que la formación no quede desactualizada. El Consejo Superior dio mandato al rector Héctor Aiassa para elevar al CIN las peticiones consensuadas, y solicitó al Congreso de la Nación que contemple en la discusión del Presupuesto 2019 un incremento de la asignación para la UTN, “en función de la particular complejidad que conlleva la formación de ingenieros”.
“Lo que buscan con esta subejecución es ahogar a las universidades e intentar demostrar que, si con este presupuesto reducido pudieron seguir funcionando, en realidad no necesitan más fondos. Pero no es así. No sólo necesitamos que los montos se ejecuten en su totalidad, sino que la partida del PBI que se destina a educación debe aumentar. Necesitamos más atención del Congreso”, aseguró Saragüeta.
Otros elementos preocupantes destacados en el pronunciamiento de la UTN son la suspensión de obras de infraestructura –que frenó, por ejemplo, la construcción de laboratorios y comedores estudiantiles–, la falta de resolución de la paritaria docente –paralizada desde abril– y de la paritaria no docente –con pedido de reapertura por haber cerrado en un 15 por ciento de aumento–. Además, los consejeros destacaron que “en forma reiterada se ataca a la universidad pública, cuestionando la gratuidad universitaria, con la finalidad de convertir a un bien social en un privilegio” y que tal panorama “resulta inadmisible en el centenario de la Reforma Universitaria”.
No hay comentarios.