El gas sale de las bocas de pozo de las extractoras y es trasladado por los gasoductos de las transportadoras, que lo entregan en la puerta de las ciudades. Desde allí, las distribuidoras se encargan de repartirlo entre los hogares.
Las transportadoras retienen una porción de la orden de demanda de las distribuidoras, lo que está regulado por ley. Es que precisan parte de combustible mover el gas, pero además se prevé que hay venteos y pérdidas en la línea. Los hogares abonan por el uso del medidor, pero también por la retención.
El ENARGAS estableció que la Transportadora de Gas del Sur (TGS) deberá retener el 11% por el gas que lleva desde Tierra del Fuego, el 10% de la de Santa Cruz, el 8% de la de Chubut y el 5% de Neuquén; además, para la Transportadora de Gas del Norte (TGN) le exige el 5% al que proviene de Salta y Neuquén.
Esto fue definido en 1999, donde en organismo regulador propuso como necesario “seguir analizando el tema para que en oportunidad de la segunda revisión quinquenal tarifaria se establezca un nuevo esquema”. Esto lo plantearon en la resolución 1192 de ese año, donde aclararon que cualquier adelanto tecnológico futuro disminuirá el uso de las transportadoras del gas retenido.
Debido a la crisis económica de 2001, no se realizó una revisión tarifaria integral en 2004 ni durante el kirchnerismo, que lo intentó pero fue frenado por la Justicia. El siguiente estudio de las boletas lo hizo recién Cambiemos en 2017, bajo la orden del ministro de Energía, Juan José Aranguren. Pese a los claros avances de las maquinarias, el ENARGAS decidió mantener los porcentajes de retenciones marcados 18 años antes.
Este sobrante del retenido es transferido a las distribuidoras al inicio del siguiente mes. A pesar de que ya fue abonado por los hogares, las compañías lo vuelven a cobrar por el uso del medidor. De acuerdo a especialistas consultados por El Destape, esto representó el año pasado cerca de $ 1.715 millones de ingresos adicionales en perjuicio de los usuarios de todo el país.
Este año equivaldrá en 2018 a una facturación extra cercana a los $ 1.144 millones para Metrogas, $ 858 millones para Gas Natural Fenosa, $ 572 millones para Camuzzi Gas, $ 72 millones para Litoral Gas, $ 57 millones para Gas del Centro, $ 57 millones para Gas Cuyana y $ 43 millones para Gasnor, de acuerdo al cálculo de especialistas del sector. Esto totalizará $ 2.800 millones para todo el año, dependiendo de la fluctuación futura del tipo de cambio.
La ganancia extraordinaria la convalidaron el ex interventor del ENARGAS David Tezanos y su segundo, Daniel Perrone. Antes de ser convocado por Aranguren, Tezanos presidió Metrogas, la distribuidora más favorecida.
Fuentes del Ministerio de Energía que ahora comanda Javier Iguacel indicaron que este medio que "este valor no fue modificado dado que es un máximo", además de que "si la transportista no lo requirió en su operación debe devolverlo al cargador y esto vuelve al usuario final como parte de las 'diferencia diaria acumulada' en cada revisión tarifaria estacional".
Con la normalización del organismo regulador, Tezanos volvió al sector privado como consultor. Fuentes del sector le aseguraron a este medio que mantuvo varias reuniones con el presidente ejecutivo de TGS tras su salida del Estado, lo que puede indicar un trabajo de asesoría para la empresa controlada por Pampa Energía, de Marcelo Mindlin.
Perrone, en tanto, se desempeñó como ejecutivo de la transportadora sureña hasta 2015. Hoy quedó como vicepresidente del ENARGAS. Por controlar a las empresas que dirigieron, la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso les había prohibido decidir sobre sus anteriores empleadores, con lo que lo salvaron mediante firmas cruzadas.
Este presunto negociado multimillonario fue denunciado por el abogado Luis Álvarez Pereyra Rozas, en una causa que recayó en Gerardo Pollicita, el fiscal que llegó a la Justicia Federal después de ser directivo de Boca Juniors en la gestión de Macri. Fuentes judiciales le informaron a El Destape que el funcionario pidió la desestimación, que implica no investigar las posibles responsabilidades penales de los funcionarios de Cambiemos y el dinero transferido ilegalmente de todos los usuarios del país a las compañías.
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