Según reveló el portal El Cronista, a través de varios llamados a licitación, la administración de Cambiemos está llevando adelante un proceso de tercerización de los archivos del Estado y en una de las concursas se encuentra un conflicto de intereses que involucra a la familia Stanley.
La nota firmada por Sebastián Iñurrieta indica que el 26 de mayo del año pasado venció el plazo para que los oferentes se presentaran para brindar un "Servicio de Archivo Externo, Traslado de Documentación y Adquisición de Cajas para Archivo" de Desarrollo Social (proceso 95-0003-LPR17 en el sitio oficial de contrataciones Compr.Ar). Para la concursa, se presentaron siete firmas y quedaron tres, luego de que interviniera la intervención de la comisión evaluadora el 8 de agosto, entre ellas AdeA Administradora de Archivos S.A., preadjudicada por tener la oferta más baja.
El 9 de agosto, según el edicto publicado en el boletín oficial, en asamblea renunció la cúpula de la compañía: Guillermo Eduardo Stanley, ex Citibank y actual Banco Macro, quien fue nombrado como director titular. Recién casi tres meses después, el 31 de octubre, ya con el padre de la ministra Carolina Stanley en el directorio, se perfeccionó el contrato entre AdeA y Desarrollo Social por $ 3.241.843,80.
Desde Desarrollo Social, explicaron que es un acuerdo a "compra abierta", es decir, que no se paga todo junto sino que se va abonando a medida que se encargan sus servicios. En este caso, se trata del resguardo de documentación y expedientes que son archivados en cajas en un depósito externo.
Tras la intervención del Ministerio de Trabajo, los gremios deberán dejar sin efecto durante los próximos 15 días toda medida de acción directa que tenían previsto implementar.
No obstante, la cartera que conduce Stanley sostuvo que desconocen la vinculación del padre de la ministra con AdeA. La empresa no fue registrada en la declaración jurada de conflictos de interés que presentó la empresa, documento que debe firmar todo oferente en las licitaciones del Estado.
Además, se escudaron en que AdeA ya había obtenido un contrato en 2014 bajo la gestión de Alicia Kirchner. No obstante, significa que desde entonces hasta el 25 de abril de este año, que Stanley padre renunció a su cargo, la cartera de la ministra fue librando órdenes de pago a una empresa que tenía a su padre como directivo.
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