La experiencia ha dado la razón a quienes desde un comienzo señalamos el carácter conflictivo entre ambos objetivos.
Los ajustes tarifarios y cambiarios son inflacionarios en el corto plazo. La prioridad otorgada a la recuperación tarifaria se tradujo en un incremento del 38,7% en los precios regulados a lo largo de 2017, convirtiéndose en el motor de la inflación registrada en dicho período. A su vez, dicha inflación determinó un creciente atraso cambiario que se pretendió corregir a partir de diciembre de 2017, permitiendo cierto deslizamiento en el tipo de cambio. El impacto de la devaluación sobre los precios de los productos sujetos a comercio exterior repercutió en la inflación de enero último, como había ocurrido también a principios de 2016, tras la salida del cepo cambiario en diciembre de 2015.
La conclusión es que difícilmente se pueda lograr una baja sustancial de la inflación mientras perduren las correcciones de precios relativos en la economía argentina.
Enfrentar seriamente a la inflación requiere de un plan integral y coordinado que ponga todos los instrumentos de la política económica -monetarios, fiscales, cambiarios, de ingresos y también tarifarios- al servicio del combate contra la inflación. Pretender hacerle frente con el solo uso de la tasa de interés es como querer matar a un elefante con una pistola calibre 22.
Las herramientas disponibles
El gobierno cuenta con “muy pocas herramientas” para combatir la inflación, como reconociera el ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, en su visita a España. Por lo tanto, los objetivos deberían estar en función de los instrumentos disponibles. En primer lugar, debería bajar un cambio en sus altisonantes declaraciones sobre el tema, y fijarse metas realistas y alcanzables. Es preferible ello antes que plantearse objetivos que no pueden alcanzarse, con la consiguiente pérdida de credibilidad.
Mientras concluye el reordenamiento tarifario, el objetivo debería ser evitar un nuevo desborde inflacionario, como el ocurrido en 2016. El impacto de los aumentos previstos en las tarifas y las correcciones periódicas del tipo de cambio tendientes a evitar una profundización del atraso cambiario fijan un piso a la inflación de 2018 que la mayoría de los analistas ubica en el 20%.
El conjunto de las herramientas disponibles debería utilizarse para evitar que la tasa de aumento de precios exceda significativamente aquel nivel, al tiempo que se evita la generación de nuevos desequilibrios en la economía.
Así, la expansión monetaria no debería exceder el 23% anual -suponiendo una expansión de la economía del 3%-, mientras que la flotación administrada del tipo de cambio que practica el Banco Central debe tender a ubicar la devaluación anual en el orden del 20%.
Los aumentos salariales no deberían exceder el 20%. Si para ello debe acordarse una clausula gatillo, podría hacerse, pero contemplando su aplicación también en el caso de que la tasa de inflación se ubique por debajo de la pauta salarial. Esto es, si la tasa de inflación se sitúa por debajo del porcentaje pactado, la diferencia se computaría a cuenta de futuros aumentos.
Lo anterior no implica renunciar a eliminar el flagelo de la inflación. Sólo esperar el momento en que se pueda dar la batalla decisiva contra lo que es actualmente la mayor inflación de América latina después de Venezuela, y una de las diez mayores del mundo. Y como en la guerra, la orden de ataque no debe darse ni demasiado temprano ni demasiado tarde: sólo en el momento oportuno en que estén dadas las condiciones para alzarse con la victoria.
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