Tras los comicios de octubre que le dieron a Cambiemos un triunfo a nivel nacional, el Gobierno frenó intempestivamente los denominados gastos de capital, donde figuran la obra pública y otra clase de desembolsos del Estado, mientras que continuó con crecientes gastos corrientes, que se destinan a pagar sueldos, entre otras cosas.
Después de la fuerte subejecución en obra pública en la gestión nacional y en muchísimas provincias y municios gobernados por Cambiemos -como Quilmes-, los números dejan entrever que la administración Macri hizo un esfuerzo económico importante para volcar recursos a inversión en las administraciones provinciales oficialistas y en algunas opositoras con las que logró acuerdos políticos en el contexto de la carrera electoral, con incrementos que en algunos casos superaron el 150% en comparación con el mismo período de 2016, pero comenzó a "moderar" ese crecimiento en septiembre pasado (cuando ya todas las obras con las que quería llegar a las urnas estaban lanzadas) hasta desplomar un 52% en octubre y confirmar la tendencia en noviembre, con otra caída del 28,2%.
Según publicó La Nación, son inversiones que exceden lo que en términos técnicos se denomina obra pública, ya que pueden estar incluidas desde centrales eléctricas hasta la compra de material ferroviario.
Así las cosas, Cambiemos ratificó desde el inicio de la gestión Macri la presencia de exceso de fondos cuando hay elecciones y carencia de recursos en años sin comicios: 2016 con subejecución y prácticamente sin construcción de infraestructura; 2017 -aun con el freno de los últimos meses- con gastos de capital del Estado que en los once primeros meses del año pasado alcanzaron los $169.151 millones, 19,4% más que en el mismo período del período anterior; un 2018 con la obra pública supeditada al "aporte privado"; y finalmente un 2019 con un "relanzamiento" de cara a las presidenciales.
Para el economista Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, lo que ocurre con el gasto de capital no debería pasar, pero es habitual. Y agrega que desde las elecciones el Gobierno le quiere dar más peso al desarrollo de contratos de participación público-privada (PPP) para financiar obras por fuera del presupuesto de 2018, "lo cual termina reduciendo el gasto directo en obra pública".
Algo similar piensa Camino Tiscornia, de C&T Asesores Económicos. "El Gobierno aumentó mucho el gasto en obra pública por el año de elecciones. Durante 2018 se va a mantener, pero al ritmo de ahora; no va a aumentar. La apuesta es a los proyectos PPP. El Estado hizo una gran apuesta antes de las elecciones, pero pasadas lo están frenando un poco", insistió.
Otros documentos sugieren que, salvo un aluvión de proyectos de PPP, el Gobierno comenzará a cerrar un poco el grifo de las inversiones públicas en 2018, para relanzarlas en 2019, el año de las elecciones. Según se desprende de documentos oficiales a los que tuvo acceso LA NACION, se prevén para el año próximo inversiones por $48.285 millones, 253% más que en 2018.
No hay comentarios.