Para frenar esta actividad, el Gobierno implementará, a partir de 2018, un bloqueo para que solamente puedan operar en el país aquellos teléfonos de curso legal y, en el caso de los que sean comprados en el exterior, que estén declarados.
El plan plantea crear una base de datos con los códigos IMEI de todos los celulares habilitados para operar en el país. De esta forma, al igual que ocurre con los dispositivos que fueron denunciados como robados, no podrán prestar servicio. La medida únicamente afectará a los teléfonos que se ingresen al país una vez implementado este nuevo régimen.
“La idea es que, al pasar por la Aduana, el turista registre el aparato que compró afuera para que su IMEI sea sacado al instante de la lista negra. Asimismo, si el celular se adquirió en una web extranjera y llegó por correo ‘puerta a puerta’, el comprador podrá desbloquearlo en el mismo trámite con el que confirma la recepción del paquete”, explicaron desde el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
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