La causa en la que Lijo ordenó la detención de Boudou hoy viernes, en vísperas del fin de semana, lleva cinco años de trámite. La decisión del juez descolocó incluso a Alejandro Sánchez Kalbermatten, autor de la denuncia que dio origen el expediente. "Tengo que reconocer que Boudou siempre estuvo a derecho y que me sorprendió a mí también la detención", sostuvo apenas se conoció arresto y agregó: "No conozco los fundamentos. Debe ser por la gravedad del delito que se le imputa."
Lijo acusa a Boudou de lavado de dinero y asociación ilícita, una figura penal cuestionada y difusa a la que suelen recurrir los jueces para ordenar detenciones. El ex vicepresidente ni siquiera fue indagado, pero el juez fundamentó su decisión de detenerlo en que puede “entorpecer la investigación”.
Además de la detención del ex vicepresidente, Lijo ordenó la de José María Núñez Carmona. En la causa también aparecen involucrados Agustina Kampfer, Alejandro Vandenbroele y Juan Carlos López. El magistrado no mandó a detenerlos, pero sí decidió citarlos a indagatoria.
En su resolución, Lijo sostiene que el ex vicepresidente formó parte de una asociación ilícita “destinada a cometer delitos con miras a la obstrucción de beneficios económico derivados de la actuación al margen de la ley”.
Eduardo Durañona, el abogado de Boudou, advirtió que en ninguna de las causas en que se lo investiga se lo acusa de asociación ilícita. “Me sorprende la orden de detención por una causa de tantos años y en la cual hasta hubo una autorización para salir del país concedida por la Cámara porque dijo que no había posibilidad de entorpecimiento”, declaró también Durañona, quien además detalló que todos los martes el ex ministro de Economía se presentaba en Tribunales para cumplir con los requerimientos de la Justicia.
“El juez insistió en que hay ocultamiento de bienes, algo bastante curioso cuando hubo una pericia que duró más de dos años. Se está usando como maniobra hablar de asociación ilícita cuando en ninguna de las cusas que lo investigan está acusado de ese cargo”, remarcó Durañona, que diferenció lo que podría ser un requerimiento de justificación de la fiscalía a esta situación en donde “se están apurando todos los tiempos procesales”.
La decisión de Lijo de detener a Boudou sin haberle tomado declaración indagatoria y sin siquiera haberlo procesado llega días después de que el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, junto a su ONG Será Justicia y la organización Usina de Justicia, denunciaran en el Consejo de la Magistratura que perciben que en su juzgado y los de otros magistrados –entre ellos Daniel Rafecas- se registra "una demora excesiva en la tramitación de causas que, de ser confirmadas, afectarían el debido proceso". El Colegio de Abogados de la calle Montevideo juega en sintonía con el Gobierno y fue el que pidió que se declare la inconstitucionalidad de la remoción del Procurador General por juicio político y se habilite que la puedan sacar por decreto. A partir de esa presentación, convalidada por el juez Pablo Cayssials, la Casa Rosada redobló su embate contra Alejandra Gils Carbó y esta misma semana consiguió que finalmente ella presentara su renuncia al cargo a partir del 31 próximo de diciembre.
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