Al buscar explicaciones al respecto, la familia pasó un muy mal momento. En el centro de Referencia provincial de la cartera Social, su coordinador, Federico Larsen le dijo que “’no tiene que trabajar’, que ‘si tiene casa así sea del gobierno, no necesita nada’. Esa es la contestación del señor Larsen: que no haga nada, que no trabaje porque si es discapacitado tiene que estar en la casa”, contó indignada Silvia Flaja, mamá de Ignacio.
Hace casi tres años, el joven se desempeña tareas informáticas en la Dirección de Discapacidad de la provincia, un trabajo que quiere continuar “como cualquier otro ciudadano”. “Él es empleado, tiene un contrato de locación que el senador-Gerardo Zamora le ha dado para incluir a los discapacitados y por eso le han quitado la pensión”, explicó.
Afortunadamente, por primera vez en Santiago la Justicia hizo lugar a un pedido de amparo presentado por el joven. “He logrado que el juez federal dicte una cautelar a mi favor (pág. 36) y que se haga inmediata la restitución de mi pensión porque mi vida corre riesgo; además soy ‘electrodependiente’ y no puedo estar así. Es una injusticia lo que está haciendo el Gobierno nacional”, señaló durante la marcha. Como él muchas personas quedaron desprovistas de las pensiones y esperan que, finalmente el Gobierno termine con la “caza de brujas”.
“Se tuvo que estudiar cada uno de los casos”
La asociación de Enfermos de Artritis Reumatoidea y Familiares (Earyf) fue una de las impulsoras de la movida en Santiago.
Su presidenta, Nora Chazarreta indicó que la suspensión de pensiones se llevó a cabo sin estudiar, ni consultar los casos. “Se tuvo que haber estudiado cada uno. Están utilizando una resolución que está fuera del paradigma de esta época”, planteó.
Una medida fuera del marco legal
La Dra. Carolina Agüeron es presidenta de la Casita del Árbol, una organización para la promoción y protección de derechos de las personas con discapacidad.
Explicó que en los últimos días llegaron familias que consultaron por esta situación y que se trató de casos en los que “no se ha llevado a cabo un procedimiento previo ni se le ha dado a la persona la posibilidad de ejercer su derecho de defensa”.
Fuente: NuevoDiario
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