Poco antes, los entonces senadores Gerardo Morales, Marta Ethel Raso (ambos radicales) y José Vitar (Frepaso) habían presentado una denuncia penal contra las empresas del actual Presidente, en un juicio por el vaciamiento del Correo Argentino.
La presentación sostiene que “promueven acción de defensa del consumidor, acción por cumplimiento del pago del canon, acción resarcitoria por daños y perjuicios por reiterados incumplimientos del contrato de concesión, acción de responsabilidad de funcionarios públicos conforme a la normativa legal aplicable a la privatización de Correo Argentino SA”, además de reclamar la ejecución de la garantía.
El escrito –recuerda Horacio Verbitzky en Página 12– menciona a las dos empresas del Grupo Macri asociadas para la privatización, Itron y Sideco, y al Banco Galicia.
La senadora Raso, del Chubut, presentaba un proyecto de ley para rescindir el contrato debido a los incumplimientos de Sideco y sus socios. Morales sostenía que los Macri incumplieron el contrato de concesión y el pliego de bases y condiciones, que no realizaron las inversiones comprometidas, causando daño patrimonial al Estado al no pagar el canon.
Sumando todos los rubros determinaron una deuda de 610.319.781,1 pesos/dólares y solicitaron que esos montos se reintegraran al Estado y se revocara la concesión del Correo. Néstor lo hizo.
Pero ahora, cuando Macri busca licuar la deuda que su propio grupo mantiene con el Estado, Gerardo Morales guarda indigno silencio…
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