El acuerdo fue suscrito por el titular de UPCN y secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, y los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Modernización, Andrés Ibarra.
En conferencia de prensa, el ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, explicó que "los empleados de la administración pública nacional recibirán un bono que, dependiendo la categoría va entre $2000 hasta $3500 en dos cuotas: una con el sueldo de diciembre y la otra con el sueldo de enero".
El bono abarcará a 130.000 empleados de la Administración Nacional y su costo fiscal será de 350 millones de pesos.
Ibarra admitió que en el caso de los bonos provinciales, como comentó oportunamente el ministro del Interior, "se está trabajando", pero no confirmó si van a ayudar financieramente a las provincias a pagarlo. "Es un tema especifico de las finanzas de cada provincia", explicó.
La comunicación gremial suministrada por el secretario de Prensa de UPCN, Sebastián Martínez destaca que el "acuerdo se logró en el marco del Diálogo para la Producción y el Trabajo, convocada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto N°,1092/16 y sus normas complementarias".
El texto del acta acuerdo señala textualmente que "el PEN implementará el pago de una bonificación extraordinaria no remunerativa ni bonificable al personal de las jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional, con exclusión de aquellos que tengan pendientes negociaciones colectivas sectoriales o que hubiesen percibido a la fecha beneficios de similar índole o alcances a la presente bonificación".
Tratándose entonces de una suma no remunerativa, la misma no será alcanzada por el impuesto a las Ganancias o cualquier otra carga.
Naturalmente, el beneficio alcanzará también a aquellos empleados estatales afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), aunque el acuerdo fuese alcanzado por UPCN.
El acuerdo tiene cinco claúsulas, la primera de las cuales estipula que "el personal comprendido en el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) percibirá: niveles E y F (las escalas salariales más bajas) $ 3.500, nivel D: $ 3.300, nivel C; $ 3.000 y niveles A y B; $ 2.000.
La segunda cláusula hace referencia a que "los montos consignados en la cláusula anterior se abonarán un 50 por ciento con las remuneraciones del mes de diciembre de 2016 y el otro 50 por ciento con las remuneraciones del mes de enero de 2017".
La tercera cláusula del acuerdo establece que "el personal que no pertenezca al Sinep y se encuentre comprendido en la ley 24.186, la bonificación se aplicará según los parámetros establecidos en las cláusulas anteriores y de conformidad con los sistemas escalafonarios y de carrera por lo que se rigen a la fecha".
En la cláusula cuatro, se deja en claro que "quedan excluidos de la presente bonificación extraordinaria los funcionarios políticos, ex escalafonarios, autoridades de organismos descentralizados de todas las jurisdicciones y de la Administración Pública Nacional".
La última de las cláusulas del acuerdo determina que "el Ministerio de Modernización dictará las normas interpretativas o complementarias que resulten necesarias para la aplicación de la norma que instrumente el presente".
En tanto, el titular de ATE nacional Hugo "Cachorro" Godoy , sostuvo en declaraciones a Radio El Mundo, que el gremio que conduce "no fue convocado para ninguna reunión".
"La última reunión la tuvimos con el ministro Ibarra que estaban dirimiendo y resolviendo sobre el tema del bono. Si hubo una reunión, a nosotros no nos llamaron para ella. Parece que se reúnen entre los amigos que están de acuerdo", expresó.
Con respecto al bono de $2000 a $3500, consideró: "es absolutamente insuficiente para cubrir lo perdido por los trabajadores y como gremio vamos a seguir reclamando por lo que nos parece que es justo".
ATE difundió este miércoles un comunicado con datos del informe del Instituto de Estudios de Estado y Participación (IDEP) en el que se destaca que "en lo que va del año los estatales perdieron el equivalente a un sueldo" y que y "mientras los salarios se verán incrementados en un 31%, la proyección de inflación es del 39,2%".
"Cuando nos reunimos el 26 de octubre pasado dijimos que el aumento que se otorgue tenía que ser para todos los gremios nacionales y provinciales públicos, pero el Estado se ha corrido de esa responsabilidad", continuó.
En este sentido, consideró que "el Gobierno generaliza las medidas cuando le conviene para los provinciales y municipales y después apela al federalismo para intentar zafar de las cosas que no le conviene".
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