Según reveló el portal La Política On Line, la conducción del Nación analiza desplazar a funcionarios que estuvieron cercanos al ex presidente Javier González Fraga, por ignorar los análisis de riesgo crediticio y ampliar el préstamo a la firma que suspendió pagos por "estrés financiero".
Además, la cantidad de los montos excede los límites de riesgo de concentración fijados en la normativa de Basilea II. Tal es así que la deuda de Vicentín significa tal exposición, que compromete el 20% de su responsabilidad patrimonial computable, un porcentaje que pone en riesgo sus finanzas.
El importe representa el 78% de la deuda bancaria de la compañía, lo que refleja la llamativa prudencia del resto de las entidades financieras a la hora de autorizar préstamos a esta firma. La otra entidad bancaria que le sigue es el Banco Provincia con unos $1.623 millones, mientras que más atrás figuran el Hipotecario ($721 millones), Macro ($540 millones), Nuevo Banco de Entre Ríos ($427 millones) y otros sietes bancos que en su conjunto apenas reúnen una deuda de $1.600 millones. Es decir que, los cuatro bancos públicos (Nación, BICE, Ciudad y Bapro) son acreedores de $20.600 millones de los $23.300 millones, es decir 88,4% del total.
En ese sentido, se suma como agravante que el Banco Nación financió a gran parte de la cadena de proveedores de la industria, que también se vio afectado por el default de Vicentín.
A su vez, el Banco Central todavía no actualizó la clasificación de deudores con la información al 31 de diciembre del 2019, por lo tanto, los pasivos podrían ser aún mayores.
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