De acuerdo a la denuncia, la operatoria habilitada por el Gobierno nacional se realizó a precios sensiblemente inferiores a los que requirió su construcción. La denuncia recayó por sorteo en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas.
Macri, Iguacel y demás funcionarios están acusados de defraudación contra la administración pública, cohecho (coimas), abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. También se incluyó en la presentación a Angelo Calcaterra, el primo del primer mandatario.
De acuerdo con los denunciantes, la construcción de las centrales costó alrededor de 1.000 millones de dólares pero su precio de venta fue establecido en la mitad de ese valor sin que se haya explicado de manera consistente las razones para ello.
Además, el contrato con Iecsa e Isolux, encargadas de las obras, fue rescindido a fines de 2016, y el gobierno del presidente Mauricio Macri le entregó a la primera (empresa que era del primo de Macri, Angelo Calcaterra y le vendió al empresario Marcelo Midlin) 1.600 millones de pesos en carácter de indemnización, es decir el equivalente en ese momento a 100 millones de dólares.
Para los legisladores, las características de las irregularidades acontecidas durante el proceso de venta indican que el objetivo final es entregarle el negocio de las centrales a "amigos del presidente Macri".
Originalmente se había convocado a oferentes que fuesen operadoras con experiencia acreditada en el área energética, pero luego Iguacel abrió la posibilidad de que puedan ingresar fondos de inversión especulativos, como LoneStar (cuyos representantes en argentina son los ex funcionarios del FGS Luis María Blaquier y Enrique Boilini), PointState (el fondo estadounidense que más negocios ha hecho con el gobierno de Cambiemos) y TGLT (la sociedad que este año compró la histórica constructora del hermano del alma de Macri, Nicolás Caputo), consigna la denuncia.
Dos gerentes de Iecsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, que eran los directores técnicos de las plantas durante su construcción, pasaron a trabajar como integrantes del comité directivo de Enarsa (hoy absorbida por IEASA) inmediatamente después de la rescisión en 2016.
Enarsa, hoy IEASA, es el organismo encargado de llevar adelante el proceso de venta de las centrales, con lo que estuvieron de los dos lados del mostrador, asegurando que el proceso concluya en las manos adecuadas.
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