El ministro de Energía, Juan José Aranguren, presupuestó una erogación de $ 64.961,8 millones en subsidios para 2018. Ese monto, reservado para la formulación y ejecución de la política de energía eléctrica, consiste en el 39% del costo de la generación de luz, mientras que, en promedio, el 61% es abonado por los usuarios.
Sin embargo, esta actividad se encuentra dolarizada y en la ley de leyes los cálculos se realizaron con un tipo de cambio que promedie los $ 19,30 en todo el año. Es decir, que si los esfuerzos del Banco Central empezaran a tener efecto y mantuvieran la cotización cercana a los $ 25 actuales, las generadoras deberán recibir $ 39.517,6 millones adicionales, de acuerdo a un cálculo de El Destape.
Corresponderá al Gobierno decidir si este plus del 60% de ganancia extraordinaria que recibirán las empresas se solventará con subsidios o con nuevos tarifazos. Consultados por este medio, desde la cartera energética admitieron que aún no definieron quién se hará cargo de ese diferencial que ganarán las compañías.
Aranguren incluso dolarizó los contratos de energías renovables que licitó en los últimos años. Esto implica pérdidas multimillonarias para los argentinos ante la suba del dólar de 30% en lo que va del año, con ganancias igual de sustanciales para las privadas energéticas. El problema principal de este modelo surge de que, tanto el Tesoro como los hogares, ganan en pesos, no en divisas, por lo que es altamente volátil a cualquier fluctuación del billete estadounidense.
Las distribuidoras de luz les cobran a los usuarios mensualmente y estas, a su vez, le pagan a CAMMESA el costo. La compañía controlada por el Estado luego le transfiere a las generadoras un promedio de U$S 72,20, dependiendo del método empleado.
Para los últimos ocho meses del año, el costo de generación mensual con un tipo de cambio fijo a $ 25 sería de $ 20.616 millones, muy lejos de los $ 15.676 millones por mes planificados con la divisa a $ 19,30.
La única salida que le quedan a las abultadas boletas eléctricas y al sustancial déficit fiscal consiste en un acuerdo de precios entre el Gobierno con las generadoras para pesificar los costos, al menos temporalmente, de modo que se limiten las ganancias extraordinarias de las energéticas. Una solución similar a la que acordó Energía con las petroleras.
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