En efecto, lo que el Estado se ahorra en concepto de subsidios a las empresas prestadoras de servicios –y que se termina trasladando al bolsillo del ciudadano de a pie- se diluye ante el galopante crecimiento de la deuda pública. Los gastos corrientes en subsidios a la luz, el gas y el agua en el presupuesto 2018 suman $184.750 millones, un 1,5% del PBI, frente al 1,97% que el Estado prevé destinar al pago de intereses de la deuda.
Cambiemos trazó una baja gradual en la transferencia de recursos a las empresas de servicios públicos. Los subsidios energéticos pasaron de representar un 2,6% del PBI en 2016, a un 1,9% en 2017 y un 1,5% en el presupuesto 2018 (considerando, también, las transferencias a la empresa de agua). Esta disminución en los fondos que gira el Estado tiene como contrapartida el aumento en las tarifas que reciben los consumidores.
Mientras tanto, los servicios de deuda ganan cada vez más participación en el presupuesto público. Los intereses de la deuda, que representaban un 1,76% del PBI en 2017, aumentarán este año a un 1,97%. La perspectiva es que sigan subiendo: en 2019 se prevé, según el propio Gobierno, que alcancen un pico del 2,15% del PBI. Así, los subsidios a servicios públicos bajan, las tarifas aumentan y la deuda no para de crecer.
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