A partir del decreto 2, con la firma del presidente Mauricio Macri, se autoriza al Ministerio de Finanzas a ampliar el permiso para emitir deuda externa en esas condiciones, por un valor nominal de hasta 15 mil millones de la moneda estadounidense. La misma estaba regulada por el decreto 29 del año 2017 y establecía que los títulos públicos se emitían bajo la jurisdicción de Nueva York, donde litigaron los fondos buitre, o de Londres.
El decreto original había sido impugnado judicialmente, ya que por su redacción no excluía de los bienes excluidos como garantía por posibles incumplimientos a los recursos naturales, como el yacimiento petrolífero no convencional de Vaca Muerta. La denuncia había sido presentada por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
Originalmente, el Gobierno había establecido la suma de 20 mil millones de dólares para emitir deuda en el exterior, pero luego lo amplió por 12.500 millones a mediados de 2017 y ahora vuelve a hacer lo propio por otros 15 mil millones. En total, ya lleva autorizados 47.500 millones de dólares para endeudarse bajo jurisdicción extranjera. El pasivo original que reclamaron los fondos buitre era de poco más de U$S 1.300 millones, que luego se multiplicó por la suma de intereses.
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