Según publicó el economista Ismael Bermúdez en Clarín, el argumento del dictamen de Saravia Frías que sostiene que la menor capacidad de compra sería momentánea y se compensaría en el futuro es falso, ya que son los propios datos los que objetan su teoría.
El Procurador admitió que “la fórmula propuesta (por el Gobierno actual, que tiene media sanción del Senado) implica que en marzo el ajuste de los haberes es menor al que sería si se diese el ajuste por inflación de todo el semestre (promovido por la ley tal como está vigente), dado que solo se hará por la inflación de julio a septiembre de 2017”.
Según la versión del funcionario del Gobierno, no obstante, “en junio se recuperaría esa diferencia, ya que entonces se ajustaría por la inflación de octubre a diciembre de 2017, recuperándose antes del ajuste de septiembre, que sería el que estaría vigente si no hubiese cambio en la fórmula, la inflación del semestre julio-diciembre de 2017”.
Sin embargo, la tesis PRO es falsa: si se aprueba el proyecto de Macri, en marzo de 2018, llos jubilados y beneficiarios de programas sociales recibirían un aumento del 5,7%, por la inflación y suba de salarios de julio-septiembre de 2017, en lugar del 14,5% por el período julio-diciembre de 2017 que reconoce la actual fórmula promovida por el kirchnerismo.
Esa modificación implica una pérdida de casi 9 puntos, que, por ejemplo, para una jubilación de $10.000 significa que en lugar de $1.450, el aumento será de $570, es decir $880 menos.
El Gobierno dice que en junio habría un aumento por la inflación/salarios del período octubre-diciembre de 2017, y que, suponiendo que esos índices arrojen un 5% o 6%, habrá un aumento adicional de $500 o $600, todavía entre $280 y $380 inferior al total vigente con el cálculo de la fórmula actual.
Además, este incremento tendrá un atraso de tres meses en relación a la fórmula que se pretende derogar con la consiguiente licuación de lo que cobren por la inflación. Esto significa una pérdida adicional por el retraso de esos tres meses en el pago.
Otro punto de Bermúdez demolió del dictamen del Procurador, que sostiene el argumento del Gobierno, es el de que en junio 2018 los beneficiarios tienen una recuperación porque cobrarán antes del ajuste de septiembre, según la fórmula que se quiere derogar. El periodista de Clarín señaló que con la fórmula aún hoy vigente, en septiembre deberían cobrar el ajuste de enero a junio de 2018 y no el del semestre anterior, como erróneamente señala el dictamen.
En tanto, con la nueva fórmula en septiembre cobrarían inflación/salarios según el período enero a marzo. Hay nuevamente un ajuste menor –en torno de la mitad– con otro retraso de 3 meses para diciembre.
¿Qué significa? Que lo que ocurre con la fórmula de Macri es que al partir de una suba menor este año, se produce una pérdida que nunca se llega a compensar, más allá de que el anterior ajuste sea semestral y el actual trimestral.
Todo esto pasa por un problema de empalme entre ambas fórmulas. Según especialistas previsionales citados en el artículo, "lo correcto" sería otorgar en marzo 2018 el aumento del segundo semestre de 2017 con la fórmula vigente, y a partir de ahí según la nueva. Así, los beneficiarios cobrarían 70% inflación/30% salarios de enero-marzo de 2018, en junio, sin ningún retraso adicional.
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