El Gobierno de Mauricio Macri pretendió atacar la “litigiosidad” restableciendo la obligatoriedad de las comisiones médicas antes del inicio de una acción judicial. Con el objetivo de eludir esa instancia y garantizar el acceso a la justicia de los trabajadores lesionados, los abogados defensores comenzaron a interponer planteos de inconstitucionalidad. Desde la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio señalaron que “la resolución de la Superintendencia se enmarca en los ataques del presidente Macri a los trabajadores que deben acudir a la Justicia en resguardo de sus derechos, a los abogados que los representan y a los jueces que aplican las leyes que garantizan los derechos laborales”. Los letrados consideran que el registro es “estigmatizante porque tiene como real finalidad armar una ‘lista negra’ que viola la Ley de Protección de Datos Personales, la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
La medida cautelar solicitada por los abogados fue validada por la jueza Castagnino al vencer el plazo de 5 días que le había dado la semana pasada a la SRT para que presente un informe en el que debía explicar el sentido de la aplicación del registro. Cuando lanzó el registro denominado Sirel, la Superintendencia argumentó que tenía por objetivo “posibilitar el resguardo y fortalecimiento del Sistema de Riesgos del Trabajo. Se considera oportuno y necesario contar con una herramienta informática que permita tomar conocimiento y analizar las presentaciones efectuadas”.
No hay comentarios.