La titular del Ministerio Público ayer informó: "De oficio, hemos abierto una investigación. En tal sentido, requerimos copias del expediente administrativo que incluirían las auditorías hechas por el Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (Iosep)", destacó la funcionaria.
Los acusados están sospechados de perpetrar estafas con órdenes de consultas, lo cual habría ocasionado un perjuicio económico a la institución.
La vía elegida, modus operandi, habría sido un vínculo de galenos con dos cajeros, quienes ya fueron reubicados. De acuerdo con la resolución A Nº 3074, el Iosep dispuso la medida cautelar. Motorizó un sumario administrativo e investiga serias anomalías en la emisión de órdenes de consultas y facturación de las mismas a la obra social.
En alusión a los suspendidos, la medida expresó que "resulta necesario su alejamiento provisional de la prestación del servicio de salud a nuestros afiliados para permitir el normal desenvolvimiento de la instrucción sumarial".
"Hemos pedido copias certificadas de todas las actuaciones relacionadas con la publicación del medio EL LIBERAL. Ello fue remitido el lunes al juez Darío Alarcón, quien resolverá las medidas", subrayó brevemente la fiscal Leguizamón.
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